La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, ha firmado un decreto que exime de toda responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas del país. Este documento se hace público en medio de las manifestaciones en contra del golpe de Estado que derrocó al presidente electo Evo Morales.

El decreto, firmado por Áñez ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y también ha sido condenado por el exmandatario Evo Morales, por varios líderes de la región, como el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.

El texto se hizo público este 16, un día después de que una marcha antigubernamental de productores de coca en el departamento de Cochabamba dejara al menos nueve muertos y 115 heridos, según informó la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michel Bachelet, ha mostrado su preocupación por la creciente violencia en el país andino y por las acciones tomadas por el Gobierno de facto. Hay «información de que al menos 17 personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas 14 sólo en los últimos seis días , señaló.

“Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza y con un respeto pleno por los derechos humanos”, continúa la alta comisionada.

“Las muertes más recientes en Bolvilia parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”, manifestó Bachelet.

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