Julia Castillo
Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía
Attac Madrid. Grupo de Pensiones


El derecho a una vejez digna es exactamente eso, UN DERECHO. Derecho ganado a pulso tras años de lucha por el bienestar social. Es decir, por el ESTADO DEL BIENESTAR.

Esos derechos se ganaron, no nos engañemos, por la lucha obrera y por el miedo al comunismo de los poderosos. Y por ese miedo se nos concedieron “privilegios”. Esos “privilegios” llegaron hasta un límite: EL ESTADO DEL BIENESTAR.

El miedo al comunismo ha desaparecido. Parece que la rebelión del paisanaje ya no es una amenaza para los grandes poseedores del capital. Ahora toca robárnoslo. Y lo están haciendo. Paso a paso, pero creo que ya todos somos conscientes de ello.

El estado del bienestar ha sido clave en la estabilidad política, económica y social de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde la crisis de los años 70, este modelo ha sido cuestionado y atacado desde posturas neoliberales que buscan su desmantelamiento y la implantación de un modelo social en el que la economía libre sea el eje de nuestras sociedades

Cierto es que van robándonos, poco a poco, parte de esos derechos adquiridos. Pero, quizá, el que más les interesa es precisamente el de las pensiones. Y lo es porque es dinero, mucho dinero y dinero inmediato. Es decir, lo sacan de nuestros bolsillos y lo pasan a los suyos. Directamente.

Vamos a hacer cálculos.

Si ya nos ha costado pensar en euros cuando estábamos acostumbrados a hacerlo en pesetas, ya la cosa se complica cuando esos euros vienen seguidos de muchos ceros. Pero aún así vamos a intentarlo.

La aportación al sistema de Seguridad Social viene de dos lugares:

  • Aportación de la empresa (23,6% salario bruto).
  • Aportación del trabajador (4,7% salario bruto).

Por tanto, la aportación total al sistema de pensiones es el 28,3% calculado sobre el salario bruto del trabajador (la tasa total, en realidad, es del 36,25%, pero se excluyen los conceptos de desempleo, FOGASA y formación profesional por no ir destinados a financiar las pensiones).

Ojo que aquí se comete un error cuando se dice que TODO lo paga el trabajador. Es cierto si partimos de la idea de que la ganancia de la empresa la genera el trabajador (la aportación a la Seguridad Social es coste laboral que se carga a la productividad del propio trabajador), pero técnica y contablemente es el 4,7 lo que realmente se descuenta de la nómina, ya que el 23,6 lo paga el empresario de sus beneficios empresariales (no se resta del salario bruto ese 23,6%, pero sí el 4,7%).

El total recaudado por cotizaciones en el año 2018 (datos obtenidos de la propia web de la seguridad social) es de 114.915.750,00 euros. Es decir, casi 115 mil millones de euros.

Imagínense lo contentos que se pondrían los bancos y las aseguradoras si les entrasen esas cantidades de dinero en sus cuentas todos los años.

La primera trampa que utilizan para que contratemos un plan de pensiones y hagamos aportaciones es la desgravación fiscal. Hablamos de lo que te ahorras en la declaración de la renta del año en el que haces las aportaciones. La evidencia está en que unos días antes de fin de año, el que más y el que menos recibe un correo o una llamada del banco aconsejándole meter algo de dinero en su plan de pensiones.

La trampa está en que puede que ese año ahorres algo, pero ese algo lo devolverás, y con creces, cuando quieras recuperar tu dinero. Dinero que, por cierto, estará “secuestrado”, salvo en algunas desgraciadas circunstancias, hasta que te jubiles. Mientras tanto el dinero es del banco y jugará con él como le apetezca, ya que él no pierde nada si se equivoca en la inversión. Perderás tú. La banca siempre gana (suena a frase de casino, pero así es en realidad).

Aquí nadie garantiza nada. Ni la rentabilidad que te dará ni siquiera si recuperarás la totalidad de lo aportado. Repito, juegan con tu dinero a su libre albedrío.

Y es por el interés de los poderes financieros de controlar esa cantidad de dinero por el que se han inventado: el Pacto de Toledo, la crisis del sistema público de pensiones, la hucha …

Y para desmontar estas argucias es suficiente con ir al principio de su argumentación para ver donde está el error. Una vez encontrado este, su pirámide se cae por falta de base.

Vamos a ello:

Un economista nos diría que, tras la crisis de los 70, hemos pasado de la economía intervencionista a la economía neoliberal.

¿Qué significa eso?  En palabras sencillas: el Estado deja de proteger al ciudadano para dejarle carta blanca al capital. Ya sé que es un poco “bruta” esa explicación, pero en el fondo es así. Papa Estado ya no necesita proteger a sus hijos y los suelta al mundo. Eso conlleva que los depredadores ya pueden, sobrevolando el campo, cazar a las vulnerables criaturas para convertirlas en su alimento.

Su manera de atacar ecomienza generando miedo: ¡el sistema público de pensiones está en crisis!

El problema de las pensiones NADA tiene que ver con la crisis económica. Es un “problema” orquestado con el único fin apuntado anteriormente. Es un bocado exquisito para el capital.

En origen, es decir, cuando se logró el derecho a una vejez digna, su financiación estaba incluida en los presupuestos generales del estado.

Cuando, a nivel internacional, allá por el año 1973, comenzaron las privatizaciones (Chile primero y Argentina 4 años más tarde) dio comienzo la campaña del robo de derechos.

En Europa no le dimos importancia. No vimos venir al lobo. Fuera como fuera consideramos que estaba muy lejos y era “propio de otras culturas”. Ni tampoco lo hicimos cuando el Banco Mundial (1990) exigió a los países del este (cuando volvieron al capitalismo) que privatizaran sus sistemas de ayuda a la vejez.

Y quedó clara la intención cuando en 1994 el Banco Mundial publicó un informe titulado · Averting the old age crisis·

El gobierno español fue un discípulo obediente y aventajado. Entendió claramente cual era su cometido en este “contubernio” y ya comenzó con las “reformas” incluso antes de que apareciese este último informe:

La reforma de pensiones, elaborada por el gobierno socialista en 1985, provocó la primera gran huelga general convocada por CCOO (recordemos que UGT no quiso implicarse).

Fue en 1988 cuando aprueban las pensiones privadas.

En 1995 se constituye el Pacto de Toledo. Pacto que se originó, en principio, para dar fin a la utilización del tema pensiones como arma arrojadiza entre PP y PSOE. Pero que les vino como anillo al dedo para boicotear el SPP (sistema público de pensiones).

Múltiples informes de “eminentes economistas” con más cualidades de pitonisos que de economistas, presagiaban la caída en picado del sistema. Pronosticaban, incluso a 50 años vista, lo que iba a suceder, cuando cualquier titulado en la materia sabe que ni siquiera, dadas todas las variables implicadas, se puede vaticinar qué pasará en los 5 años inmediatos al estudio.

Pues bien, para comenzar su manipulación se inventaron un pacto. Dicho pacto iba encaminado, decían, a llegar a un acuerdo entre los diferentes partidos políticos para garantizar la viabilidad del sistema y que este fuera justo y sostenible. Viabilidad que no estaba en riesgo, porque el sistema público de pensiones, al igual que la sanidad, la educación o los asuntos exteriores, no son una empresa que ha de tener rentabilidad. Pero ya sabemos que si quieres que la gente se crea una mentira no tienes más que repetirla hasta la saciedad.

Fue tras el Pacto de Toledo, con sus 15 primeras famosas recomendaciones, cuando las pensiones dejaron de financiarse con impuestos, como el resto de los gastos sociales. Fue el principio del buscado fin, por los poderes capitalistas, del sistema público de pensiones.

La Comisión dictaminó que la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva debía depender básicamente de las cotizaciones sociales, y que la financiación de las prestaciones no contributivas y universales se debe efectuar exclusivamente a través de la imposición general.

Aquí reside el meollo del asunto. Fue la clave de bóveda de todo el argumentario utilizado para engañarnos con su “inviabilidad”.

Si tenemos claro lo explicado hasta el momento es fácil ver como la lista de causas de esa inviabilidad se caen porque carecen de base. Es decir, no puedes explicar que si la población mayor de 65 años es muy numerosa hay que repartir de otra manera el dinero que se recauda por cotizaciones, porque de la misma manera tendríamos que recortar cursos de estudio a nuestros niños sin hay un aumento de natalidad repentino. Solo por poner un ejemplo de la incongruencia del razonamiento.

Las pensiones públicas es un servicio social más y como tal ha de ser cubierto según las necesidades del pueblo, no según lo que recauden por cotizaciones.

Evidentemente si el trabajo es precario, si el porcentaje de paro es elevado, si los empresarios se benefician de descuentos, bonificaciones y demás en sus cotizaciones… el montante de dinero aportado baja. Por supuesto.

Quizá si se considerasen las cotizaciones como un impuesto más y se “recalculasen” las aportaciones empresariales, no con respecto a los salarios sino a los verdaderos beneficios logrados con el trabajo de todos (actual y pasado), utilizando recursos públicos… Y, desde luego con una nueva política fiscal que persiga el reparto más equitativo de la riqueza. Quizá si todos los servicios sociales fuesen financiados con impuestos más proporcionales y estos distribuidos desde los presupuestos generales… quizá y solo quizá conseguiríamos que el reparto de la riqueza fuese más equitativo y el mundo mucho más justo.

Así que cuando alguien le hable de que el sistema es insostenible. De que hay que rebajar pensiones porque no se recauda lo suficiente con las cotizaciones… acuérdese de todo lo aquí explicado y diga: NO ES VERDAD.

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