La presidenta de la cadena pública australiana ABC, Ita Buttrose, dijo hoy que el registro policial en su sede por la publicación de una investigación periodística fue «claramente» diseñado «para intimidar».
La redada estuvo relacionada con la filtración de cientos de documentos vinculados a presuntos crímenes cometidos por las fuerzas de élite australianas desplegadas en Afganistán, que incluyeron la muerte de niños, utilizados en el llamado «Archivo Afgano» publicado por la televisión en 2017.
El registro tuvo lugar el miércoles, un día después de que la policía también registrara la casa de la periodista del grupo News, Annika Smethurst, por una información sobre los planes del Gobierno australiano para dar más poderes a las agencias de inteligencia para espiar a los australianos.
«Las redadas a dos medios en días consecutivos son una señal contundente de las consecuencias adversas para los medios de comunicación que hacen la vida incómoda a los políticos y reguladores al exponer rincones oscuros y hacer que los poderosos rindan cuentas», dijo Buttrose en un comunicado.
La presidenta de ABC lo dijo tras reunirse anoche con el ministro de Comunicaciones, Paul Fletcher, al que pidió sin éxito garantías de que la televisión pública no volverá a ser objeto de este tipo de redadas.
«Lucharé contra cualquier intento de amordazar la televisión pública o de interferir con sus obligaciones con el público», insistió Buttrose.
El primer ministro australiano, Scott Morrison, defendió la legalidad de los registros pero desvinculó a su Gobierno de la actuación de la policía, a la vez que aseguró que respeta la libertad de prensa.
La acción policial fue criticada por el sindicato de prensa, que denunció que las redadas intentan «cazar a los informantes que revelan lo que los gobiernos están haciendo secretamente en nuestro nombre, pero también previenen que los medios den una luz sobre las acciones del Gobierno».
Australia cuenta desde 2014 con una serie de leyes que criminalizan la divulgación de información vinculada a los intereses de Estado, tipifican nuevos delitos de espionaje y permiten el acceso a los metadatos de los ciudadanos, entre otras.
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