La Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana considera falaz y alarmista la oleada de argumentos vertidos por el lobby empresarial y que el actual sistema de implantación fragmentada de este tipo de megaproyectos energéticos va contra el interés público.

Para el colectivo ambientalista la actual legislación ha sido diseñada a medida por el Gobierno gallego para favorecer el negocio de las grandes empresas frente al interés general / Salvemos Cabana

Para el colectivo, contrariamente a lo que defienden organizaciones como la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación Eólica de Galicia (EGA), la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Federación Galega da Construción o el sector industrial de CCOO Galicia, que «de manera incomprensible se ha alineado con la patronal», el actual modelo de desarrollo eólico existente en el noroeste peninsular «no es ejemplar, ordenado ni sostenible».

Por otra parte, critican, las reformas legales emprendidas por el Partido Popular desde el Gobierno de la Xunta de Galicia a través de la Ley 3/2017 de fomento de implantación de iniciativas empresariales o la Ley 9/2021, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica, han favorecido que la patronal «lo tenga más fácil que nunca» para la imposición de proyectos eólicos porque «estas y otras normativas, en absoluto garantistas a nivel social han supuesto un recorte básico de derechos para la ciudadanía«.

Por este motivo consideran «del todo inaceptable» que ahora «el lobby empresarial eólico y quienes lo defienden desde la esfera política o sindical hablen públicamente de falta de garantías y quieran decirte al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia cómo tiene que hacer su trabajo sin contemplar la separación de poderes existente a nivel del Estado ni respetar la independencia judicial».

Porque para la entidad ecologista «este grupo de presión quizá desconozca que el modelo vigente de desarrollo eólico en Galicia no es ejemplo de nada y pasa por encima de los derechos más básicos de la población«. Por eso valora como inaceptables las pretensiones del lobby eólico, que busca que las comunidades afectadas «ni siquiera puedan acceder a los informes técnicos de los proyectos», que es muchos casos «donde se refleja cuales son los problemas» que pueden acarrear determinados proyectos eólicos, limitando en la práctica un derecho, el de acceso a la información pública que consideran «esencial en cualquier sociedad que se considere democrática».

CIFRAS DE EMPLEO INFERIDAS Y SITUACIÓN REAL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS AL SECTOR EÓLICO A NIVEL LOCAL

Para Salvemos Cabana llama la atención «la irrealidad de las cifras de empleo inferidas» por la patronal del sector eólico cuando hasta el propio Banco de España en su último informe de expertos realizado sobre el tema ha concluido que el impacto de los parques eólicos en las tasas de empleo local es «mayoritariamente no significativo», un factor que consideran debería de tener importantes implicaciones para las Administraciones «en términos de políticas públicas».

El colectivo indica que la exhaustiva investigación del organismo financiero, que tomó 13 años de datos mensuales, concluye a modo de resumen que «las inversiones eólicas tienen efectos muy bajos y estadísticamente no significativos sobre el empleo local durante las fases de construcción y mantenimiento«, pues aunque en estos proyectos trabajan equipos multidisciplinares «lo hacen desde la distancia» con una etapa de construcción que es «relativamente corta» llevada a cabo por contratistas «que a menudo residen en otros lugares y se mudan una vez que el trabajo está terminado». Al final, solo se realiza el mantenimiento del sitio, que «generalmente involucra a trabajadores que mantienen de forma remota varios sitios a la vez» y «no residen permanentemente en el municipio donde se ubica la inversión».

Por estos motivos el informe apuesta por un modelo más democrático y equitativo donde se promuevan las comunidades energéticas locales, se compense de manera justa a ciudadanía y los ayuntamientos y las personas residentes tengan participación directa en los nuevos proyectos, «justo lo contrario de lo que está sucediendo en Galicia», concluye el grupo ambientalista.