La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó su decisión de cerrar el expediente de solicitud de medidas cautelares pedidas por el australiano Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, aseguró la Procuraduría General del Estado Ecuatoriano en un comunicado.

La decisión se fundamentó en que la solicitud planteada por Assange “no cumplió con los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable previstos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, acogiendo de esta manera los argumentos planteados por la Procuraduría General del Estado”, señaló en un escrito.

Y apuntó que con esta decisión se mantiene vigente el Protocolo Especial de Visitas, Comunicaciones y Atención Médica, para Assange el cual “garantiza los derechos del asilado”.

Consultada por Efe, una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana también confirmó la información y señaló que se prepara un comunicado al respecto.

El pasado 12 de febrero, el canciller, José Valencia, aseguró que la Procuraduría General entregó a la CIDH la información solicitada sobre la petición de medidas cautelares por parte del fundador de WikiLeaks.

El titular de la diplomacia dijo entonces que la respuesta se envió “dentro del plazo establecido por la propia Comisión Interamericana”.

Las medidas cautelares fueron solicitadas después de que la Justicia ecuatoriana considerara en dos ocasiones legal el “Protocolo Especial de Visitas, Comunicaciones y Atención Médica a Julian Assange” en la embajada ecuatoriana en Londres, que, según las autoridades de Ecuador, garantiza tanto sus derechos como el cumplimiento de sus obligaciones en calidad de asilado.

La petición de medidas cautelares por parte de la defensa de Assange “se fundamenta en la existencia de un riesgo potencial” para el fundador de WikiLeaks, comentó entonces la Cancillería.

Y pedía al Estado ecuatoriano que concluyera su situación de aislamiento en la Embajada de Londres, así como que se garantizara su privacidad y la de sus abogados e impidiera su entrega “a cualquier país que no dé garantías de no extradición a Estados Unidos”.

En octubre del año pasado, el australiano naturalizado ecuatoriano demandó a Ecuador por una supuesta vulneración de sus derechos por obligarle a cumplir un protocolo de convivencia dentro de la Embajada.

Assange se encuentra en esa sede ecuatoriana desde 2012, cuando era requerido por las autoridades suecas debido a las acusaciones de dos mujeres de violación, que él negaba, una causa que fue archivada ante la imposibilidad de avanzar en la investigación.

Aun así, sigue bajo asilo por temor a que si sale, sea deportado a Estados Unidos, donde presume que podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos confidenciales.

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