La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su oferta al Gobierno de Nicaragua de «coadyuvar en ese proceso de acercamiento de posiciones» con la oposición, afirmó la presidenta de esa entidad, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
En una entrevista con Efe, Arosemena aseguró que en el país centroamericano existe una situación compleja» que requiere una «reflexión profunda» acerca de sus consecuencias y sus «efectos en la vida de los pueblos».
El Gobierno de Nicaragua se opuso el pasado 2 de abril a la participación de la CIDH y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como garantes de los acuerdos sobre garantías ciudadanas.
Así lo había propuesto la opositora Alianza Cívica, que es su contraparte en la mesa de negociación.
Por eso, Arosemena volvió «a expresarle el llamado al Gobierno» de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de que la CIDH está «precisamente para coadyuvar».
«Nuestra posición es una posición que marca una realidad, ese es nuestro mandato. Tenemos que identificar cuál es la realidad de un país», subrayó la presidenta de la CIDH en Bogotá, donde participa en un seminario sobre derechos de la infancia.
Esa labor está acompañada de «la posibilidad de cooperación», así como de «acercar propuestas de salidas pacíficas» para Nicaragua, razón por la que el llamado de la Comisión «siempre será el ofrecimiento de coadyuvar en Nicaragua».
En este sentido, agregó que «en momentos críticos» el Gobierno de Ortega «permitió la entrada de la CIDH» y establecieron «una unidad de trabajo» sobre el terreno.
Entonces, también crearon un mecanismo especial «para evaluar precisamente esta realidad de la violencia».
«Hoy estamos en un punto de inflexión, creo que se está en un momento en que el Gobierno tiene que tener hoy una evaluación de cuál es su posición y tomar una decisión», concluyó.
Nicaragua está inmersa en una crisis como consecuencia de las protestas callejeras que estallaron el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma del seguro social.
Esta situación ha causado 325 muertos y cientos de presos, según la CIDH, aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 568 las víctimas mortales, mientras el Ejecutivo solo reconoce 199 fallecidos y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
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