La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado este viernes la «revisión de oficio» de diversas liquidaciones de actividades reguladas del sector del gas natural relacionados con el almacenamiento subterráneo Castor y ha reclamado la devolución de los 368,4 millones de euros que fueron regalados las empresas promotoras, que sumando los intereses, asciende a más de 390 millones.

La CNMC exige el reintegro de ese importe por los pagos realizados con cargo al recibo de los consumidores de gas a Escal, la filial de ACS, la constructora que preside Florentino Pérez, que promovió la fallida instalación, a Enagás y a los tres bancos (Banco Santander, Caixabank y Bankia) que adelantaron la multimillonaria indemnización de más de 1.300 millones. A Escal, la CNMC le reclama 195 millones; a Santander, 71,9 millones; a Caixabank, 48 millones; a Enagás Transporte, 32,4 millones; y a Bankia, 21,1 millones.

Esta exigencia es debida la sentencia del Tribunal Constitucional 152/2017, de 21 de diciembre de 2017, que declaró «la nulidad e inconstitucionalidad de los efectos económicos de la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo Castor, previstos en el Real Decreto-Ley 13/2014, de 3 de octubre, tras la renuncia de su titular, Escal Ugs SL«.

Las resoluciones de la CNMC consideran que la nulidad del citado RD-L 13/2014 «privó de base legal a las cantidades reconocidas y a los pagos efectuados con arreglo al mismo, obligando con ello a revisar los pagos realizados«.

El Constitucional tumbó un Real Decreto Ley ideado por el Gobierno del Partido Popular para compensar el cierre provisional de la infraestructura. La sentencia llevó a que la CNMC congelase los pagos realizados a la banca con cargo a la tarifa del gas para devolverle la indemnización que adelantó a Escal a cambio de cobrarla con intereses durante 30 años, cantidades que Santander, Caixabank y Bankia han reclamado en el Tribunal Supremo.

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