La CNMV detectó «prácticas irregulares» de la alta dirección del Popular

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó, en relación con las cuentas de 2016 del Banco Popular, «prácticas irregulares» de altos directivos, entre los que figuran el expresidente Ángel Ron o los ex consejeros delegados Pedro Larena, Roberto Higuera y Francisco Gómez.

En octubre de 2018 la CNMV informó de la apertura de un expediente por una infracción «muy grave» al Popular, a los consejeros ejecutivos, los miembros de su comisión de auditoría y su director financiero, por «aspectos» relativos a las cuentas anuales de 2016, de las que el banco informó en abril de 2017.

El informe que justificaba la apertura de ese expediente obra ya en poder del titular del Juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, que investiga la liquidación del banco, y entre otras irregularidades se refiere a unos ajustes contables de más de 209 millones de euros que en realidad ascendían a 387 millones.

Esta discrepancia lleva a la CNMV concluir que «la información financiera consolidada del ejercicio 2016 no representaba la imagen fiel de su situación financiero patrimonial», por lo que abrió un expediente a «los órganos de administración y alta dirección por haber suministrado a la CNMV información financiera regulada con datos inexactos o no veraces, o de información engañosa o que omite aspectos o datos relevantes».

La CNMV ve «intencionalidad de determinados altos directivos» en los ajustes por insuficiencia en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos de la cartera crediticia, y considera que la entidad «desglosó unas ratios de capital regulatorio mejores de las reales», por no haber deducido determinadas financiaciones a clientes.

En concreto, 239 millones de euros que se utilizaron para la adquisición de acciones en la ampliación de capital llevaba a cabo en mayo de 2016.

El expediente sancionador, cuya tramitación está suspendida al haber un proceso penal abierto, no abarca a todo el Consejo de Administración sino a «aquellos con responsabilidad sobre los asuntos analizados»: el expresidente Ángel Ron; el exvicepresidente José María Arias Mosquera; los ex consejeros delegados Pedro Larena y Roberto Higuera, y los exconsejeros Francisco Aparicio y Jorge Oroviogoicochea.

Asimismo, la CNMV ha detectado «la participación activa de determinados miembros de la alta dirección», como el exdirector financiero Javier Moreno y el ex consejero delegado Francisco Gómez, «en la realización de las prácticas irregulares».

Moreno fue quien propuso la reasignación de provisiones para cubrir las requeridas por el Banco Central Europeo (BCE), y «tuvo conocimiento o, al menos indicios», de la financiación de la adquisición de acciones, sin comprobar que dicho importe fuera deducido del capital regulatorio del banco.

Francisco Gómez, por su parte, habría transmitido «instrucciones verbales de manera velada» para que se financiara a los clientes para que acudieran a la ampliación de capital de 2016, según indica el expediente.

En octubre de 2017, el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El magistrado acordó así la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

Más de un año después, las declaraciones de los querellados se encuentran a la espera del primer informe pericial que realicen los expertos aportados por el Banco de España a partir de la ingente documentación, en la que figuran desde datos relativos a las retribuciones hasta detalles de los planes de negocio e informes de auditoría.