La comisión de investigación sobre universidades de la Asamblea de Madrid se reunirá este viernes para abordar sus conclusiones tras tres sesiones de comparecencias en las que los investigados en el caso máster se han acogido su derecho a no declarar, como ha ocurrido este miércoles con la expresidenta Cristina Cifuentes.

La asistencia de la exmandataria ha sido el plato fuerte de la comisión, en una sesión habilitada de forma extraordinaria, dado que era la primera vez que reaparecía en la Asamblea tras su dimisión en abril de 2018 y tras su reciente baja temporal de militancia del PP una vez que la Fiscalía solicite tres años y tres meses de prisión por falsedad documental.

Cifuentes simplemente ha dicho que «no podía ni debía» intervenir en esta sesión por recomendación de su abogado, dado que el asunto de la comisión y las preguntas de los diputados interfería con un asunto que estaba bajo proceso judicial.

Los otros tres acusados por el caso Máster, en lo relativo a la presunta falsificación del TFM de su máster, han optado también por guardar silencio: el catedrático Enrique Álvarez Conde, la docente de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Cecilia Rosado, y la exasesora de la Consejería de Educación Maria Teresa Feito.

No obstante, Álvarez Conde sí aprovechó para hacer una breve declaración ante los parlamentarios en las que apuntaba a que actuó dentro de la legalidad y que su único error fue no haberse sustraído de las «fuertes presiones» desde el Rectorado y la Comunidad de Madrid los días 20 y 21 de marzo del año pasado, cuando estalló el citado caso. También relató que su «pecado capital» fue haber sido el «instrumento idóneo» para la «caza de otros trofeos mayores».

Por su parte, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, aseguró el pasado lunes que la institución retirará el título a Cifuentes si se produce una sentencia firme que declara falsa el acta de su TFM. También reveló que se iniciaron los trámites para retirar el máster de los alumnos que en sede judicial reconocieron que no hicieron nada para obtener la titulación.

A su vez, aseguró que fue engañado por Enrique Álvarez Conde, quien dijo que poseía ese documento, y que ofreció una rueda de prensa durante el mismo día que saltó la información sobre las presuntas irregularidades en los estudios de la expresidenta porque «había que dar la cara» y defender el «buen nombre» de la institución.

Por otro lado, el consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, indicó que respetaba el derecho a la presunción de inocencia de Cifuentes y negó cualquier clase de presión a la URJC sobre este asunto. Además, señaló que no siguieron ninguna estrategia y que dieron credibilidad a la versión que ofreció el 21 de marzo la universidad, que aludió a un error administrativo el cambio de dos notas de su expediente dos años después de que lo hubiera terminado (2012).

En la primera sesión también compareció la docente Alicia López de los Mozos, docente que figuraba en ese polémico acta del Trabajo de Fin de Máster, y que aseguró, como hizo en sede judicial, que Álvarez Conde le trató de presionar para que no dijera la verdad sobre este asunto. A su vez, reconoció que acudió a una reunión donde se trató de pactar una versión de que la defensa del TFM de Cifuentes se había producido. La docente indicó ante la Inspección de la universidad que la firma de ese documento no era la suya, lo que llevó a la URJC a poner el caso en manos de la Justicia.

CS Y PODEMOS, PESIMISTAS CON EL RESULTADO DE LA COMISIÓN

Cs y Podemos ven con cierto pesimismo el cierre de la comisión, pues entienden que las comparecencias del presidente nacional del PP, Pablo Casado, y de la exministra de Sanidad Carmen Montón, eran necesarias para contribuir a depurar responsabilidades políticas del caso Máster.

De hecho, el diputado Eduardo Fernández Rubiño ha aludido a que concluirá «en falso» y apuntaba a un pacto entre PP y PSOE para evitar la citación de los dos. Los dos partidos consideran que hubo una red para otorgar títulos falsos a personas vinculadas con la política.

Por su parte, el PP ha avanzado que seguramente presentará un voto particular al dictamen de la comisión y se ha negado a participar en las sesiones con comparecencias.

Mientras, el PSOE sí cree que hay asistentes que han aportado datos claros de cara a las conclusiones y que hubo una inacción muy grave por parte de la Comunidad de Madrid ante las irregularidades, aparte de una estrategia que deterioró el prestigio de la institución. Además, considera que hubo «presiones» del Ejecutivo autonómico a la URJC para tratar de cerrar la crisis del caso Máster.

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