La Comunidad de Madrid recibió el año pasado una denuncia de 120 familiares de ancianos de la residencia de Hortaleza del grupo Los Nogales donde la justicia investiga malos tratos a dos ancianas, y comprobó que el centro “no presentaba ninguna deficiencia grave”.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia han indicado a Efe que la Comunidad de Madrid recibió, el 17 de abril de 2018, la denuncia de 120 familiares de esta residencia por problemas de higiene y por las comidas en este centro, información adelantada por El Mundo.

Por ello, la Comunidad solicitó un informe al centro y los técnicos de la Dirección General de Atención a la Dependencia y el Mayor realizaron una visita el 9 de mayo de 2018, en la que concluyeron que la denuncia de los familiares no se correspondía con la situación en la que se encontraba el centro, que “no presentaba ninguna deficiencia grave”, y así se lo comunicaron a los denunciantes en agosto de ese año.

Las mismas fuentes han precisado que el escrito de los familiares no tiene nada que ver con el caso de malos tratos denunciado ante la Fiscalía de Madrid.

El Ministerio Fiscal ha presentado una denuncia contra tres trabajadores de una residencia del grupo Los Nogales por infligir presuntamente malos tratos físicos y psicológicos a dos ancianas que tenían a su cargo.

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha mostrado su más enérgico rechazo por el “trato inhumano” que han sufrido dos ancianas en la residencia del grupo Los Nogales de Hortaleza y se ha comprometido a actuar con la “máxima contundencia para llegar hasta las últimas consecuencias”.

Rollán ha mostrado su más enérgico rechazo por las imágenes que ha tenido la oportunidad de visualizar en esta residencia privada en la que la Comunidad tiene concertadas 137 plazas.

El presidente en funciones ha dicho que tres trabajadores (que hoy ya no forman parte de la plantilla) tuvieron “un comportamiento absolutamente inhumano con algunos de nuestros mayores”.

La Comunidad de Madrid ha abierto dos expedientes sancionadores contra la empresa adjudicataria de la residencia, alguno de los cuales puede llegar hasta la imposición de una sanción de 600.000 euros.

Dado que la Fiscalía ya está actuando en estos momentos, a partir del pronunciamiento de la justicia será cuando llegue la resolución de los dos expedientes que ha abierto la Comunidad de Madrid.

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