A quienes sufrieron la dictadura y vieron sus derechos recortados frente a una complicidad occidental absoluta. A quienes tuvieron que luchar por los sistemas públicos de los que hoy, los que somos más jóvenes, gozamos, aunque nos los intenten arrebatar. A los hijos e hijas de las víctimas de la represión a los que todavía no se han reparado. A los que, a día de hoy, siguen sufriendo los efectos del régimen del 78 y sus mamporreros orgullosos de serlo. A todos ellos les debemos, como poco, respeto.
En la crisis del 2008 era común escuchar la frase de: «estirar la pensión del abuelo para llegar a fin de mes». Sería anecdótico si ocho años después la noticia de entonces no fuera que una de cada cuatro familias se veía sustentada por una persona jubilada. Ahora, cinco años más tarde de aquellos titulares las previsiones no mejoran y España ya acumula más de doce millones de españoles que viven en riesgo de pobreza o exclusión social. La unidad familiar constituía uno de los pilares básicos de ayuda —y lo sigue haciendo— frente a la incapacidad del Estado de hacer frente a uno de los muchos efectos de la especulación, malversación y un sinfín de abusos bancarios que las entidades cometieron durante el boom inmobiliario. Mientras, los pensionistas, que tuvieron que luchar por la consecución de unos derechos básicos durante toda su vida, ven ahora, una vez más, cómo el sistema de pensiones acaba minado por las políticas neoliberales que desde Europa se impulsan y en España se aceptan sin rechistar.
Los ataques al sistema público de pensiones llevan años dándose entre discursos que llaman a apretarse un cinturón que se va estrechando cada vez más mientras se habla de aumentar la edad de jubilación de forma constante. Hace años el debate llegó con la mochila austriaca que desde el PSOE se proponía y que el Banco de España aplaudía sin ningún pudor. Este modelo, implantado en Austria en 2003, elimina las discriminaciones que pudiera haber entre el costo de despido de trabajadores temporales y permanentes, tratando a todos los trabajadores por igual. Desde los sectores más neoliberales de la política española se ha instado también a una remodelación del sistema laboral que premie la flexibilidad o, más bien, la precariedad. Como respuesta, y desde que los recortes «por el bien común» comenzaron a ser parte del día a día de la clase trabajadora, las manifestaciones de pensionistas se han dado por todo el territorio español en busca de ese respeto por quienes dedicaron su vida a trabajar de forma ininterrumpida y con unas condiciones miserables mientras conquistaban sus derechos más básicos.
El pasado sábado veíamos también una de las muchas manifestaciones convocadas en la capital por el maltrato al sistema público de pensiones porque el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, ha presentado una reforma que pretende abordar la falta de consenso sobre las pensiones pero que, parece, no ha acordado con muchos de los pensionistas que ahora exigen pensiones públicas «justas y suficientes», así como unos servicios «de calidad» mientras se oponen al Pacto de Toledo por el que se regulan los nuevos recortes. Entre los ataques a los pensionistas se encuentran que, además de reafirmarse los recortes que sufrieron en 2011, las personas que se jubilen antes de los 67 —aunque tengan más de 44 años cotizados— verán reducida su pensión un 13% por jubilarse antes.
A todo ello se suma la precariedad que la última reforma laboral ha dejado en el mercado de trabajo y la sociedad española. El retraso de la edad de jubilación que ahora pretende implantarse se da con un paro juvenil que ronda el 40% mientras a los trabajadores cercanos a la jubilación se les pide que trabajen todavía más y por una retribución menor cuando se jubilen.
Los recortes en derechos que desde el gobierno actual se están llevando a cabo desde luego no concuerdan con lo que ellos mismos argumentan: el gobierno más progresista de la historia no respeta los derechos de los pensionistas, entre muchos otros, a los que ningunean mientras dicen ser la única alternativa a la derecha neoliberal. Nuestros mayores, que vivieron con el miedo de conquistar sus derechos por la represión franquista, ven hoy cómo su herencia todavía sigue ahogando la vida de los que han dedicado la mayor parte de su tiempo al trabajo. Las próximas generaciones les debemos, como poco, el respeto y la promesa de una lucha social que sea capaz de defender un sistema público.
Muy buen artículo. Efectivamente se están ensañando con las Pensiones actuales y futuras.
Es necesario efectuar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para destapar las responsabilidades del SAQUEO continuo a las mismas (ahora de forma eufemística le denominan “gastos impropios “). Ese dinero SAQUEADO debe ser restituido.
Es preciso acabar con el ROBO a las personas jubiladas antes de los 65 años pero con carreras laborales de más de 40 años.
La Seguridad Social no tiene un problema de gasto. El problema es de ingresos (desempleo juvenil, desempleo mayores 50 años, precariedad laboral, temporalidad, salarios irrisorios, etc.)
Estupendo articulo, el robo sufrido por jubilarse de forma anticipada sin ahondar el motivo ni profundizar en que el mercado laboral esta totalmente restringido a partir de una edad, aunque se pueda demostrar solvencia y experiencia en el desempeño de un trabajo que has estado desempeñado toda una vida.
¿Para que sirve jubilación anticipada es voluntaria o involuntaria? ¡Para nada¡, ¿ para acceder a los 61 años, 4 años antes de ELO ? Pero a un coste inmenso, al que algunos por necesidad, viendo como menguan ahorros y la ansiedad que ello conlleva pasa una factura en la salud.
Demorar la jubilación y premio por hacerlo así, ¡¡que bonito¡¡ ¿quien puede elegir? Solo quien no sabe, no sufre lo que es sentir un ERE, Causas Objetivas, Jubilación del empresario….. Y además le importa nada, que un joven no tenga trabajo digno nunca. ¡¡Que vergüenza de País, y de gobernantes que con sus reformas laborales han conseguido pobreza y precariedad sin limites.