La corrupción en España nos cuesta 60.000 millones cada año

La corrupción, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) define como el abuso de la función pública en beneficio propio, preocupa a los españoles, que la perciben como el segundo problema del país, solo por detrás del paro y por delante de los políticos.

El último informe del propio FMl, «Frenando la corrupción«,  sentencia que la corrupción tiene un impacto de en torno al 4,5% del PIB en los países desarrollados. «Los países que entran en el 25% superior en términos de control de la corrupción entre las economías desarrolladas tienden a recaudar un 4,5% más del PIB en ingresos tributarios que los países del 25% inferior«, concluye el Informe.

Por lo tanto, de acuerdo a los cálculos que investigadores del Fondo han hecho a partir de los WGI, España estaría dejando de recaudar un 4,5% del PIB por su deficiente control de la corrupción, lo que equivaldría a cerca de 60.000 millones de euros anuales.

No es la primera vez que se ponen cifras a la corrupción manifiesta en nuestro país. En octubre de 2018, los investigadores de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Francisco Alcalá y Francisco Jiménez, publicaban un informe en el que estimaban que elevar la calidad del control de la corrupción hasta los niveles de productividad del país en el resto de sus actividades podría suponer un crecimiento del PIB per cápita español del 16% en 15 años y que el control de la corrupción en España es comparable al de países con una productividad hasta un 32% inferior, como el caso de Hungría.

Otro estudio, del grupo europeo de Los Verdes, ha estimado que el coste de la corrupción, entendida como el aprovechamiento del poder político para una ganancia privada, asciende a los 90.000 millones anuales en España, 45 veces lo que el Estado invierte en Justicia. Ubicando a España entre los peores países de Europa en la materia, solo por encima de Italia y Rumanía.

Los costes sociales de la corrupción

Más de 2.000 personas, entre funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, han sido procesadas en los últimos cuatro años por delitos de corrupción cometidos al calor de la última etapa de bonanza económica y eso tiene que pasar factura a la recaudación.

Y es que la corrupción tiene un coste social asociado, ya que reduce la eficiencia de la inversión pública y condiciona el uso que se la da al dinero recaudado. El grupo de los países percibidos como más corruptos dentro las economías desarrolladas dedican un 3% menos del total de sus gastos a educación y sanidad, por lo que son las clases más desfavorecidas, como siempre, las que acaban pagando esta situación anómala.