La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) llevó a cabo este viernes una audiencia por una demanda contra el Estado de Guatemala por supuestas violaciones en el proceso que derivó en la condena de pena de muerte contra tres expolicías en 1996.

El caso alude a supuestas torturas y violaciones al debido proceso cometidas contra Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, Miguel Ángel López Cano y Aníbal Pérez, quienes en 1996 fueron condenados a la pena de muerte por un asesinato y una tentativa de asesinato, cuando eran miembros de la Policía Nacional.

Luis Ernesto Vargas, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que eleva los casos a la CorteIDH, señaló que se debe condenar al Estado por violaciones al principio de legalidad, a la garantía de un juez imparcial, al derecho de defensa, a la protección judicial, al derecho de recurrir el fallo, y al derecho a la vida por la condena de pena muerte.

También señaló que el Estado violó el derecho a la integridad personal de los denunciantes, porque fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes al ser enviados al llamado «corredor de la muerte» en prisión.

«Este caso involucra una serie de violaciones a las garantías judiciales en el proceso penal que culminó con la condena a la pena de muerte», afirmó Vargas.

El representante de la CIDH señaló que estas personas fueron condenadas a la pena de muerte por la figura de «peligrosidad», lo que violó el principio de legalidad, sin que las pruebas reunieran requisitos y sin contar con un recurso de apelación adecuado.

Además, adujo que los tribunales descartaron medios de prueba de la defensa sin justificación.

En la audiencia declaró Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, cuya pena fue conmutada a 30 años de cárcel en 2011 y que luego en 2016 salió en libertad. Los otros dos denunciantes ya fallecieron.

«Estoy aquí para pedir justicia porque en Guatemala no se aplica. Fue muy fue duro todo esto porque éramos realmente inocentes», declaró Rodríguez, quien estuvo 14 años recluido en el «corredor de la muerte» y más de 20 en total en prisión.

Según el denunciante, él no era parte de la patrulla de los otros dos policías y asegura que ninguno de los tres fue responsable de los delitos por los que fueron condenados, por lo que considera que se cometió «una grave injusticia».

Por su parte, el representante del Estado guatemalteco, Jorge Luis Barroyo, pidió a la Corte que «exima de toda responsabilidad» a Guatemala y afirmó que a los denunciantes se les garantizó el debido proceso y su integridad.

«La defensa interpuso y agotó todos los recursos previstos (…) El Estado garantizo el debido proceso y además, de buena fe, le otorgó la medida sustitutiva de libertad anticipada», explicó Barroyo.

Sobre la pena de muerte, el agente estatal dijo que, aunque sigue siendo parte de la Constitución Política de Guatemala, «llevamos 20 años sin aplicarla».

«Se les respeto la vida y la integridad. Nunca se les dio tratos crueles, inhumanos y denigrantes», aseveró.

Barroyo insistió en que el Estado no debe ser condenado y mucho menos a cumplir con las peticiones hechas por los denunciantes a la Corte, como las de efectuar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, el pago de indemnizaciones y la reinstalación en el cargo para Rodríguez.

Tras la audiencia, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces los jueces de la Corte Interamericana podrán emitir un fallo cuando lo consideren oportuno.

Este es el tercer caso que la CorteIDH vio esta semana relacionado a la pena de muerte en Guatemala.

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