Solo en marzo, dos diputados del opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) de Zimbabue han sido acusados de traición, en un último movimiento de las autoridades para frenar el actual malestar social que, sin embargo, podría desembocar en nuevas protestas.
«Estas detenciones, en el contexto más amplio de las últimas seis semanas, podría traducirse en una contención de la situación, al menos por el momento», declara a Efe el analista para África del Sur de la oenegé International Crisis Group (ICG), Piers Pigou.
Desde el pasado 2 de marzo, tres diputados del MCD han sido arrestados y dos de ellos acusados de traición, incluida la parlamentaria más joven del país, Joana Mamombe, de 25 años.
Su delito fue celebrar una conferencia de prensa en enero en su distrito electoral de Harare West, en la que convocó una marcha pacífica en respuesta al reciente encarecimiento del combustible en un 150 %.
Según el MDC, doce de sus 88 parlamentarios han sido detenidos y llevados ante los tribunales por «acusaciones frívolas» desde agosto pasado, cuando comenzó la represión tras los controvertidos comicios en los que Emmerson Mnangagwa, de 76 años, fue proclamado presidente de Zimbabue.
Una elección que, si bien al principio supuso un soplo de esperanza en una nación gobernada durante las últimas tres décadas por Robert Mugabe, de 95 años y derrocado en un golpe de Estado en noviembre de 2017, hasta el momento ha fracasado a la hora de subsanar la crisis política y económica que padece el país africano.
Al aumento de arrestos se suma una respuesta violenta por parte de las fuerzas de seguridad desde mediados de enero, cuando el Ejército abrió fuego contra los manifestantes que denunciaban el aumento del precio de la gasolina a más de tres dólares por litro.
Al menos 17 personas murieron durante la huelga general del 14 al 16 de enero, y al menos 16 mujeres fueron violadas por hombres identificados como soldados, según el Foro de ONG de Derechos Humanos, una coalición de 22 entidades de Zimbabue.
Sin embargo, estas maniobras de represión que intentan acallar la creciente impopularidad de Mnangagwa, fruto de las severas medidas económicas adoptadas por su Gobierno, son también el origen de un mayor descontento y movilización social.
Entre las iniciativas impopulares adoptadas están la devaluación de un pagaré usado como moneda local, lo que ha encarecido los productos básicos; un impuesto del 2 % a las transacciones electrónicas de dinero y un incremento del precio del combustible.
«Mientras veamos cómo se implementan estas medidas de austeridad sin brindar un aterrizaje suave a los ciudadanos, lo más probable es que veamos más protestas», augura Tendai Murisa, directora ejecutiva del laboratorio de ideas Instituto SIVIO, con sede en Harare.
«Si las condiciones continúan como están, sospecho que podríamos experimentar ciclos más cortos entre protestas», vaticina Murisa a Efe.
Y cuanto más implacable sea la forma de contrarrestar la disidencia, más difícil será también para el Gobierno de Zimbabue ganarse la confianza de las democracias occidentales, entre ellas, Estados Unidos.
Este país renovó el pasado 4 de marzo por un año más las sanciones selectivas contra 141 empresas e individuos zimbabuenses, incluidos Mnangagwa y Mugabe.
«El presidente Emmerson Mnangagwa aún tiene que implementar la revisión política y económica necesaria para mejorar la reputación del país», dijo a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, pues «las acciones de las personas sancionadas continúan socavando el proceso democrático de Zimbabue».
Para contrarrestar esas medidas, Mnangagwa contrató en febrero a una firma de cabilderos de Washington, encabezada por Brian Ballard, recaudador de fondos del presidente estadounidense, Donald Trump, para tratar de modificar la política de EEUU hacia Harare.
Pigou califica esta contratación como una pérdida de dinero y sugiere que sería mejor que el Gobierno se comprometiera con los estadounidenses a través de «una agenda proactiva».
«Un gesto de Mnangagwa que ayudará a reducir las tensiones políticas internas presentes enviaría un mensaje de intenciones positivo (a Washington)», apunta Pigou a Efe.
No obstante, mientras persistan los arrestos de opositores y la represión policial contra manifestantes, es probable que esas tensiones políticas continúen en alza.
Oliver Matthews
