El Observatori DESC cumple 20 años. Nacida en plena burbuja inmobiliaria, esta entidad se ha convertido en los últimos años, los de la crisis hipotecaria y los desahucios, en uno de los principales ‘lobby’ de Catalunya a favor del derecho a una vivienda digna. Su capacidad de incidencia, junto con la PAH, está detrás de la aprobación de la ley de emergencia habitacional en el Parlament en 2015 o la reserva del 30% de nueva vivienda para uso social en Barcelona. Aunque nada de ello ha conseguido acabar con los desahucios. En esta entrevista, su presidente, Marco Aparicio, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Girona, hace balance no solo de la lucha por la vivienda, sino también cómo han afectado a los derechos sociales movimientos como el procés o la reciente emergencia de la ultraderecha en España.

¿Qué ha pasado para que tras años de demandas de entidades como la PAH y aprobación de leyes como la 24/2015 en Catalunya siga habiendo desahucios a diario?

Pese a la intensidad de las movilizaciones y al repertorio de herramientas de intervención, estas sobre todo puestas en marcha por la PAH, el problema no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado. La capacidad de revertir procesos que tienen que ver con la acumulación de riqueza y capital en España es muy difícil sin un compromiso social y político profundo.

Lo pregunto porque parecía que con la aprobación de la ley de emergencia habitacional en 2015 en el Parlament, a partir de una ILP en la que participó el Observatori DESC, el panorama iba a cambiar. ¿Qué balance hacéis?

Muy positivo en cuanto al proceso. Puso de manifiesto que los movimientos sociales y entidades tienen capacidad de propuesta y presión. Y que la entera delegación de la regulación sobre derechos sociales y necesidades colectivas no es bueno. Pero la ley fue impugnada por Rajoy y suspendida temporalmente por el Constitucional hasta hace unos meses, tras la presión al Gobierno de Pedro Sánchez, con lo que la valoración es muy parcial. La ley tiene mecanismos pero falta voluntad política para tirarlos hacia adelante.

¿Cuál es esa falta de voluntad política? ¿En todos estos años de lucha por el derecho a la vivienda han percibido cambios en la Administración?

Sí. Hay ayuntamientos que han tirado hacia adelante medidas como expropiaciones de acuerdo con esta ley, sanciones por acoso inmobiliario, multas a pisos vacíos… Pero lo que hemos de consolidar es una interpretación de los derechos fundamentales que consista en que el principal interés a proteger en nuestra sociedad no sea sólo la propiedad privada. Hay otros derechos igual o más importantes, como la intimidad familiar, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la educación de los hijos desahuciados, a la integridad física y moral…

Desde los movimientos por la vivienda han conseguido en Barcelona la reserva del 30% de pisos sociales; en Catalunya y otras comunidades autónomas, leyes para evitar desahucios… ¿Les ha faltado tener más incidencia a nivel estatal?

Es cierto. Los equilibrios y contrapesos políticos que se han dado hasta ahora no han sido favorables a la comprensión hacia los derechos sociales. En la última legislatura ha habido avances, como la aprobación del real decreto que establece los cinco y siete años de duración de los contratos de alquiler -aunque no la limitación de precios-, y la sensación es de que los equilibrios se pueden transformar. Para mi, es clave que el contexto social ha hecho un giro para comprender que el derecho a la vivienda, que está por desarrollar, tiene una centralidad tan clara en la vida de las personas que no puede dejar de ser garantizado desde todos los instrumentos normativos.

Póngame un ejemplo de medida que se debería haber tomado.

Una de ellas es la oportunidad perdida que hemos tenido con los pisos en manos de la SAREB. Después de la crisis, en todo el Estado de pronto las instituciones podían adquirir un parque de vivienda que permitiera desmercantilizar este derecho y aumentarlo del 1% o 2% actual a números homologables a otros países europeos. La voluntad política y el conglomerado de intereses público-privados y bancarios lo ha impedido. La crisis ha sido la tormenta perfecta para una nueva fase de acumulación de capital en manos privadas. El decreto Montoro y el techo de gasto ha impedido que muchos municipios compraran activos de la SAREB. Los precios no eran inabastables, pero la ley de Montoro les ahogó y impedía que un ayuntamiento mediano pudiera endeudarse a cinco años para comprar cinco o diez pisos.

Ahora concluye el mandato de Ada Colau. ¿Cómo valoran sus políticas de vivienda? El DESC ha impulsado la reserva del 30% de vivienda pública, pero ha sido crítico también con la falta de soluciones para las familias desahuciadas.

Ha habido valentía, pero no se ha desplegado al nivel de las expectativas que tenía buena parte de la población. La moratoria hotelera, la intervención sobre los pisos turísticos ilegales… Son líneas importantes y positivas. Sobre la reserva del 30%, nos felicitamos que el Ayuntamiento lo haya asumido, y no sólo a nivel de gobierno sino otras fuerzas políticas. Pero es fundamental que no sea solo a nivel de ciudad, sino también autonómico.

Y sobre los desahucios, es uno de los ámbitos en los que mayor ha sido la distancia entre las expectativas generadas y la realidad siendo conscientes de sus dificultades -por ejemplo, generar un parque público de vivienda requiere más de 4 años-. No han conseguido dar respuesta a todas las necesidades existentes. Pero de nuevo, aquí hay medidas mucho más efectivas, como prohibir los desahucios en situaciones de vulnerabilidad, que no son de su competencia, sino que tienen que ver con la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por el DESC pasó gran parte del equipo de gobierno municipal. Ada Colau y otros concejales y asesores. ¿Cómo ha sido su relación con el Ayuntamiento desde entonces?

Estas cosas hay que plantearlas de forma transparente. Algunos diarios nos han acusado de tener una suerte de confabulación con otras entidades de la economía social… Pero nuestra relación con el Ayuntamiento no ha variado. No ha habido una alteración sustancial de nuestras fuentes de financiación, y el convenio que tenemos ya existía con el gobierno de Xavier Trias. Las cantidades globales sí han aumentado, pero también porque el ayuntamiento ha incrementado sus convocatorias por temas de economía social.

Antes del anterior ciclo electoral, se hablaba de si en España se estaba viviendo un momento constituyente, de reformas sociales y democráticas profundas. ¿Le da la sensación, como presidente de un observatorio de derechos sociales, que esa ventana se ha cerrado?

Sí… Un ejemplo es que hace tres años me invitó el Consejo de la Abogacía Catalana a unas jornadas sobre la ‘ventana’ constituyente, para responder a preguntas como qué deberíamos hacer para garantizar los derechos sociales en un contexto de reforma constitucional o directamente de proceso constituyente. Pues bien, en 2018 contactaron con el DESC para encargarnos unas fichas para facilitar que los abogados puedan batallar la exigencia de derechos sociales. ¡Fíjate el cambio de plano! De un pacto social macro a herramientas concretas para responder a necesidades inmediatas. Hemos pasado de un momento de emergencia y impugnación del régimen constitucional, sobre todo desde el ámbito social y luego territorial, a una fase de contención de daños.

¿A qué lo atribuye?

El ciclo electoral acelerado ha pasado factura a las nuevas fuerzas que venían a representar este impulso destituyente, o de deslegitimación del régimen. Ha pasado factura su falta de experiencia política y electoral y una organización que no ha sabido cuidar lo suficiente. No se ha puesto suficiente énfasis y energía en crear organizaciones que sirvan de espacios sociales movilizados que marquen agenda. Que Podemos, los ‘comuns’, sean efectivamente espacios de personas que temporalmente ocupan posiciones de representación para llevar a las instituciones propuestas de las movilizaciones colectivas. El descuido de la parte organizativa y la construcción de fórmulas verticales y poco democráticas difícilmente puede hacer llegar la voz de la calle.

¿Identifica otros factores?

La irrupción del debate territorial o nacional. Igual a largo plazo afecta positivamente, pero lo que sabemos es que la centralidad de los derechos sociales ha quedado debilitada en el contexto de los últimos años. Aunque hay fuerzas independentistas que lo querrían compatible, a la práctica no lo hemos visto así.

¿El procés ha tapado o dejado en segundo plano los debates sociales?

Ha tapado cualquier cosa. La dificultad o incapacidad para hacer actividad parlamentaria constructiva, de tirar hacia adelante programas de gobierno, presupuestos… A nivel catalán y a nivel español. El Gobierno de Rajoy ha sido nefasto bloqueando sistemáticamente cualquier ley de ámbito social que proviniese de Catalunya y de otras comunidades autónomas. El programa de transformación social ha quedado en segundo término a partir de la movilización nacional. ¿Que la voluntad de algunos no era esta? No lo dudo. Pero no ha sido compatible. ¿Que en algunos casos ha servido para tapar corrupción y proyectos ideológicos contrarios a los derechos? Es evidente. El gobierno de Artur Mas previo al procés hacía bandera de un programa neoliberal.

¿Cómo se vive desde un observatorio de derechos sociales la emergencia de un partido de extrema derecha como Vox? 

La preocupación es brutal. Puede parecer que afecta más a los derechos civiles y políticos que a los sociales, pero no es así. Que Salvini en Italia tire adelante medidas contrarias a la austeridad europea no nos alegra. Cualquier organización de derechos humanos y sociales sabe que los derechos no se pueden categorizar. Todos forman parte de una unidad. La afectación de los derechos civiles tiene efectos en el debilitamiento de cualquier capacidad de reivindicación de derechos sociales. Lo que pueda hacer un gobierno de ultraderecha en materia de derechos sociales no son derechos, son concesiones de un programa de intereses políticos propios. Porque no reconoce sujetos políticos propios como son los procesos de movilización de derechos sociales.