Ana Álvarez, coportavoz de EQUO Madrid
Lucía es una de las muchas personas residentes en la Comunidad de Madrid, que tiene que elegir entre poner la calefacción o comer de forma adecuada. Lucía tiene un trabajo de remuneración mileurista, como una amplia mayoría de las personas trabajadoras de nuestro país. Desde aquel lejano enero de 2002 en el que cobró su primera nómina en esta moneda, 1024 euros, desde la fecha, su salario se ha incrementado apenas 100€, un 10%, mientras los recibos de la electricidad ha aumentado más del 60%. Los precios del gas tampoco son muy diferentes y han subido mucho más de lo que lo ha hecho su nómina.

Lucía vive en el sureste madrileño, una zona víctima de la ya histórica brecha de desigualdad que existe en la región, en un barrio humilde y con viviendas antiguas. Al comenzar el invierno, como todos los años, realiza su particular ritual  para intentar mantener lo máximo posible el calor en su hogar: instala burletes nuevos en las ventanas para evitar entrada del frío y comprueba tambores de las persianas. Lista para afrontar un nuevo invierno, reducirá las horas de calefacción y sólo la encenderá los días de mucho frío, no abrirá ventanas para ventilar nada más que unos minutos y bajará las persianas de todas las habitaciones de noche para mantener la temperatura en el hogar. Esto es lo que se puede permitir, aunque sabe que en su domicilio, como en los de toda la zona, sería necesario instalar ventanas de doble cristal o doble ventana y reforzar el aislamiento de la fachada para hacerlo más eficiente pero, con su sueldo, las cuentas nos salen.

Lucía sin embargo puede hacer bueno el refrán de “en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey”, porque en nuestro país más de 30.0000 personas viven sin hogar, más del 32% de los pensionistas cobran menos de 600€, y el número de personas cuyo único ingreso es la renta mínima de inserción, 400€ al mes con un importe máximo de 655€ para familias de varios miembros, sigue en aumento. Recientemente, el relator de la ONU, Philippe Alston, emitió un informe demoledor sobre la situación de nuestro país, donde 1 de cada 2 personas no llega a fin de mes, 1 de cada 4 vive en situación de pobreza y el 14% lo hace en pobreza energética.

El mercado de vivienda de nuestras ciudades es antiguo y las construcciones del “boom del ladrillo” no han incluido muchas de las protecciones necesarias para considerarlas viviendas eficientemente energéticas. Las administraciones públicas llevan años sin trabajar de forma firme y decidida para mejorar la eficiencia de los hogares españoles, sobre todo en aquéllos municipios y/o barrios con el mercado con mayor degeneración, que están habitadas por personas pertenecientes a colectivos más vulnerables, con el fin además de reducir y paliar la situación de pobreza energética que en ellos se vive.

La conversión de los hogares en viviendas eficientemente energéticas, al igual que la descarbonización del mercado energético y una transición energética hacia energías limpias y renovables, no puede depender de la voluntad  o situación económica de cada persona. Las Administraciones públicas deben facilitar el acceso de las personas a un empleo digno que les proporcione unos ingresos suficientes para tener acceso a los recursos energéticos básicos. Al mismo tiempo, deben impulsar proyectos de rehabilitación de viviendas, creando ayudas y subvenciones a las personas y las constructoras y modificando la normativa actual para hacer posible que la transición ecológica sea justa.