El lunes comenzaban las audiencias para determinar si se extradita a EEUU a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, acusado de espionaje y fraude informático tras la filtración en 2010 de documentos clasificados relacionados con la operaciones militares en Irak y Afganistán, la base de Guantánamo y otros asuntos.

Assange está acusado de 18 delitos y, en el caso de llevarse a cabo la extradición, se enfrentará a la petición de 175 años de cárcel.

La defensa de Assange solicitaba a la Justicia británica los elementos del procedimiento abierto en España sobre la vigilancia ilícita por parte de Estados Unidos, a la que fue sometida su cliente cuando estaba refugiado en la embajada ecuatoriana, por cuenta de la empresa española UC Global, refiriéndose entre otras cuestiones a conversaciones en las que se preguntaba si se debían utilizar medidas más extremas como el secuestro o envenenamiento de Assange.

Un exempleado de la compañía de seguridad española podría ser llamado a testificar para corroborar dichas conversaciones, que probarían los intentos de atentar contra la vida y la seguridad del periodista.

Durante esta semana Assange comparecerá en el juzgado de Woolwich defendido por un equipo coordinado por Baltasar Garzón que intentará convencer al juez de que Assange es víctima de una «persecución política» y de una ofensiva contra la libertad de prensa.

La presentación de argumentos durará una semana y la segunda parte del juicio se aplazará hasta mayo donde se reanudará durante tres semanas más.