Por Javier Díaz Ortiz (@JaviRanvich)

Algo no marcha bien. Este país camina hacia atrás, tropezando con piedras desgastadas por nuestros zapatos. En esta semana se ha materializado ese retroceso de la calidad democrática de España. Hemos visto cómo la Audiencia Nacional condenaba a CassandraVera () por 13 tuits sobre el atentado contra el dirigente fascista Carrero Blanco, algunos de ellos escritos hace más de cinco años. El proceso concluye, antecedentes penales de por medio, con una condena de un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público. Cassandra ahora tiene la oportunidad de presentar recurso ante el Tribunal Supremo, e incluso ante el Tribunal Constitucional, ya que se podría estar limitando injustamente el derecho fundamental de libertad de expresión recogido en el artículo 20 de la Constitución.

No se puede comparar este caso con otros que, a todas luces, no son actos de libre expresión sino ataques a colectivos que no tienen otro fin que fomentar el odio hacia otras personas. El humor negro, por muy desagradable que pueda resultar, no deja de ser humor. Es una clara utilización de la ley para coartar libertad de expresión mientras que otros casos auténticamente delictivos quedan impunes porque parecen no tener relevancia política.

Todos hemos visto decenas de comentarios amenazando de muerte a mujeres por parte de sus ex-parejas, y nadie inicia ningún tipo de acción legal. No parece que la violencia machista sea una cuestión tan importante como los chistes sobre un atentado ocurrido hace casi medio siglo. ¿Dónde están esas autoridades tan solícitas cuando decenas de cuentas y perfiles se burlan de colectivos minoritarios y amenazan a personas en riesgo de exclusión por motivo de su sexo, su raza, su religión u orientación sexual? Eso es un verdadero delito; eso es una lacra social. Pero la libertad de expresión a través del humor no, y mucho menos, en los términos en los que la justicia ha interpretado el caso. Para que podamos hacernos una idea de cómo es aplicada la legislación, ya de por sí obsoleta en muchos términos, es conveniente hacer un ejercicio de comparativa. El año de prisión al que ha sido condena por la Audiencia Nacional es casi la mitad de lo que han supuestos condenas de otros Tribunales en casos de corrupción (popular caso de Isabel Pantoja) e incluso por delitos de distribución de pornografía infantil (San Sebastián, enero de este año). Es verdaderamente demencial pensar que los actos de Cassandra puedan ser asemejados en cualquier forma a esos delitos.

Desde mi muy humilde opinión creo demostrado que la interpretación hecha por la AudienciaNacional, en base a legislación obsoleta y con la instigación inquisitorial de la Fiscalía, es errada. Se ha aplicado la ley, pero no se ha hecho justicia. Unas bromas, acertadas o no, sobre la muerte de un dirigente franquista hace más de 40 años no han de ser óbice para enviar a una persona doce meses a prisión, especialmente cuando la nieta de Carrero Blanco ha declarado no sentirse ofendida por los comentarios. Considerar estos comentarios apología del terrorismo es un completo ejercicio de torsión gramatical del Código Penal; una mala praxis más propia de los tribunales de épocas pasadas. Esperemos que pronto una reforma de la ley permita perfilar de forma más clara las acciones tipificadas como delitos, de tal suerte que en este país no tengamos que luchar, una vez más, por la libertad de expresión.

Nacido en Cebreros (Ávila), tengo 21 años. Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la UCM. En colaboración con proyectos de Derechos Humanos, Derechos LGTBI y otras ONG. Coordinador de Opinión de Contrainformacion.es

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