El diputado Antón Sánchez considera que «el próximo cierre de Meirama y en un futuro no muy lejano de otras plantas de las mismas características» puede y debe abrir «una nueva política» de desarrollo de las energías renovables en general y de la eólica en particular, «basada en el respeto escrupuloso a las personas y el medio ambiente, al paisaje y al patrimonio cultural».

En diputado Antón Sánchez ha denunciado que la excesiva proximidad a las viviendas de muchos de los aerogeneradores instalados por Enel Green Power España (Endesa) en la localidad lucense de Paradela puede suponer un perjuicio para muchas familias de la zona / Creative Commons

En un artículo de opinión publicado en praza.gal, el viceportavoz del Grupo Común da Esquerda y portavoz nacional de Anova apuesta porque los beneficios derivados de la energía eólica «reviertan en lo público y en la gente del rural democratizando la energía eólica, y dejando de lado la política corrupta de los que utilizan las instituciones para hacer negocios sin riesgos mirando al Diario Oficial de Galicia», razón por la que considera fundamental «derrotar social y electroalmente a todos aquellos y aquellas que parecen escribir leyes al dictado de determinados intereses».

Para el diputado, que lleva años apoyando a los colectivos sociales organizados contra los abusos derivados de la imposición de proyectos eólicos favorecida por el PP de Alberto Núñez Feijóo, «de manera urgente hay que demandar ya una nueva planificación del sector eólico con estos principios, paralizando de forma cautelar la nociva expansión que se está dando hoy en día«, que considera como «ajena a los intereses de la mayoría social» y que «sólo busca lucrar a unos pocos».

UNA PROBLEMÁTICA EXTENDIDA POR TODA GALICIA

Recientemente, Antón Sánchez ha conocido de primera mano la problemática derivada de varios parques eólicos en la provincia de Lugo, que aunque distintos en su ejecución, han generado una reacción social coincidente en el rechazo de ambos proyectos.

En su visita a las obras de los parques eólicos Paradela y Serra das Penas, que Enel Green Power España -filial de Endesa- está instalando en el ayuntamiento de Paradela, afirmó que estos proyectos «suponen un abuso más sobre el rural gallego de una coalición de intereses entre una multinacional y la Xunta de Galicia» y que permitirán que una multinacional italiana «se haga de oro» dejando en la zona «los impactos» y «las migajas económicas».

Para el diputado, ambos parques eólicos, y como ya es norma en el actual Gobierno de la Xunta, «tienen poca consideración con los impactos» y supondrán «una gran afección» tanto sobre el Camino de Santiago como sobre la Ribeira Sacra, candidata a Patrimonio de la Humanidad, recordando además que la cercanía de algunos de los 27 aerogeneradores, de más de 140 metros de altura, afectarán negativamente a la vida de la población residente.

En términos semejantes se ha expresado posteriormente el viceportavoz del Grupo Común da Esquerda sobre la polémica generada por el parque eólico Serra do Oribio, autorizado por el Ejecutivo de la Xunta a la empresa Fergo Galicia Vento, que ha calificado como «una aberración sobre el patrimonio natural» perpetrada en plena Red Natura.

Sánchez denuncia que la tramitación de este parque eólico «se hizo del modo más opaco posible» para garantizar la viabilidad del plan de la empresa «sin ningún tipo de obstáculo», en una situación «notoriamente irregular» que una vez más supone un ejemplo «de cómo estas empresas gozan siempre del favor del Partido Popular».

EXPOLIO COLONIAL

Para Antón Sánchez, Galicia está sufriendo actualmente «el expolio de su viento y de su territorio» a través de la explotación de los recursos naturales y la colonización del rural por parte de eléctricas, bancos, fondos buitre y constructoras que «se reparten el pastel público del negocio eólico».

El diputado considera que esta situación «es uno de los mayores escándalos políticos que está sucediendo hoy en Galicia», mucho más grave incluso «que el robo que supuso la privatización a precio de amigo de la AP-9» porque «hurta una de las posibilidades de dinamizar el rural gallego, «muy necesitado de soluciones que creen riqueza y empleo».

Sánchez recuerda que el sector eólico factura aproximadamente en Galicia unos 600 millones de euros y que «en manos de la gente, con formas de organización comunitarias, activando cooperativas o implementando la participación pública» sería una fuente de ingresos «muy importante» para el rural, repartiéndose de forma equilibrada y beneficiando a la gente. La situación actual, sin embago, refleja a través de diversos estudios que entre el pago del canon eólico, los impuestos municipales y los arrendamientos a los propietarios, la cantidad que queda de los beneficios no sobrepasa el 6% de la facturación total.

LOS ESPECIALISTAS TAMBIÉN APUESTAN POR UN CAMBIO DE MODELO

Desde el Observatorio Eólico de Galicia, organización fundada por un grupo de investigadores de la Universidade de Vigo, también se ha hecho un llamamiento a todos los partidos con representación parlamentaria para la puesta en marca de un grupo de trabajo encaminado a cambiar la normativa eólica en Galicia para transformar el actual modelo en otro en la que la participación social tenga una mayor relevancia.

Frente a esto, recuerdan que el marco normativo que ha venido impuesto por los distintos gobiernos y aún se mantiene, es de carácter supramunicipal y «muy vertical», dado que ni los ayuntamientos ni las comunidades locales «tienen capacidad real de decisión». De hecho, la supramunicipalidad de los parques eólicos es la clave para entender el fenómeno eólico en Galicia, que presenta importantes diferencias con lo que sucede en otros países de europa, «donde las propias entidades locales y/o ecologistas tienen capacidad de decisión y veto sobre las instalaciones».

Expertos como Xabier Simón o Damián Copena consideran que «otra política energética es posible» y que un cambio normativo «facilitaría el futuro de las comunidades rurales», actualmente muy castigadas y con grandes carencias de servicios básicos.

Por el momento, y como denuncia el diputado Antón Sánchez, desde el Ejecutivo de la Xunta «dan vía libre para que los especuladores de la energía dispongan de los mejores emplazamientos para hacer negocio con el viento», sin dudar incluso «en bloquear y paralizar la aprobación de las Directrices da Paisaxe o la ampliación de la Red Natura». Porque para el PP de Feijóo «todo vale para garantizar la consolidación de los parques eólicos».

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