Presidentes, ministros y secretarios de Estado han engrosado históricamente los consejos de Administración de los bancos, eléctricas y grandes constructoras del IBEX. José María Aznar en Endesa, Felipe González en Gas Natural, Ángel Acebes en Iberdrola, Isabel Tocino en Enagás…

Román Escolano, titular de Economía, en la consultora Llorente & Cuenca y la auditora Ernst&Young (EY); Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta, en el despacho Cuatrecasas; Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, en la consultora Amrop Seeliger y Conde y Fátima Báñez, ministra de Empleo, en la CEOE. La exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, no pudo usar la puerta giratoria del despacho Hogan Lovells tras hacerse públicas las grabaciones del caso Villarejo.

El selectivo español sigue interesada en altos cargos que conocen como pocos las entretelas de la Administración. Bufetes, consultoras y empresas de otros sectores han tomado el relevo a los clásicos del IBEX. El último fichaje ha sido el de Rafael Catalá, ministro de Justicia con Mariano Rajoy, que trabaja ya para la empresa de apuestas Codere.

Catalá dejó el Gobierno hace poco más de un año, es decir, dentro del periodo de incompatibilidad de 24 meses. Un tercio de los ministros del segundo gabinete de Rajoy ya ha cruzado la puerta giratoria, quienes tienen que solicitar autorización a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y que cuenta con 22 funcionarios. Esta oficina permite el 98% de los pasos a la privada que le solicitan los altos cargos. A lo largo de más de una década solo ha vetado a una decena de solicitantes, entre los que no hay ministros ni secretarios de Estado.

La laxitud de la oficina, puesta de manifiesto por un informe del Tribunal de Cuentas de 2016, ha provocado que partidos políticos y expertos apuesten por reformar el sistema que controla que las empresas puedan premiar con trabajos bien pagados a los políticos que les han podido beneficiar. El Tribunal de Cuentas detectó en su fiscalización que la oficina no comprobaba la veracidad de las declaraciones de los altos cargos y que, pese a poder pedir colaboración a las administraciones tributarias y a la Seguridad Social para verificar datos, nunca lo había hecho.

Llama la atención que si los altos cargos salientes no tienen ofertas o deciden esperar a que pasen los dos años de incompatibilidad que marca la ley, no se quedan sin ingresos: tienen derecho a una pensión indemnizatoria tras el abandono del cargo que equivale al 80% de su retribución y que es incompatible con cualquier otro sueldo, público o privado. Pero claro, la privada paga mucho mejor…

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