La ofensiva israelí en Gaza ha alcanzado niveles inéditos de devastación, empujando a la comunidad internacional a responder con condenas y algunas medidas concretas. Sin embargo, mientras los civiles palestinos continúan sufriendo una catástrofe humanitaria, la respuesta de muchos países sigue siendo débil y poco efectiva, al borde de la equidistancia cómplice que no se atreve a responsabilizar a Israel por la brutalidad de su ofensiva militar. La comunidad internacional tiene la obligación moral de ir más allá de las palabras y tomar medidas firmes para detener el ciclo de violencia.
Algunos países han retirado embajadores o suspendido relaciones diplomáticas con Israel, mientras que otros han optado por suspender la venta de armas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas está siendo cuestionada. Colombia, que anunció la ruptura de relaciones diplomáticas, mantiene la cooperación comercial y militar con Israel a través de acuerdos previamente concertados. Turquía, tras suspender todo comercio con Israel, se enfrenta a un escenario donde su impacto será probablemente mínimo, dados los intercambios predominantes entre Estados Unidos, Alemania e Israel. La suspensión de ventas de armas ha sido limitada y, en algunos casos, se ha seguido enviando munición bajo la justificación de ejercicios militares.
Estas acciones simbólicas subrayan la falta de impacto real sobre la estrategia militar de Israel, ya que las naciones que realmente abastecen a Israel con la mayoría de su armamento, Estados Unidos y Alemania, no han mostrado intención alguna de detener la venta de armas.
Sudáfrica recurrió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusando a Israel de genocidio contra la población palestina. Aunque la CIJ ordenó a Israel prevenir más actos genocidas en Gaza, no exigió el cese de la ofensiva. La Corte Penal Internacional (CPI) está investigando crímenes de guerra en la región, incluidos los cometidos por Hamás, pero las órdenes de arresto siguen pendientes. La posibilidad de que la CPI emita órdenes contra el liderazgo israelí ha generado preocupación en el gobierno de Netanyahu, pero sin acciones claras de la comunidad internacional, estas amenazas no han resultado en cambios sustanciales.
Karim Khan, fiscal de la CPI, advirtió en su visita a la región que todos deben respetar el derecho internacional humanitario. Su declaración de que «si no lo hacen, no se quejen cuando mi oficina deba actuar», debería resonar en las decisiones de los líderes internacionales que hasta ahora han optado por la inacción.
Los países que han tomado acciones contra Israel según el artículo son:
Colombia: Rompió relaciones diplomáticas con Israel tras la devastación en Gaza.
Turquía: Suspendió el comercio con Israel hasta que se permita el flujo de ayuda humanitaria a Gaza.
Bolivia: Fue de los primeros en romper relaciones diplomáticas en repudio a la ofensiva.
Belice: Suspendió relaciones diplomáticas por el «incesante bombardeo indiscriminado».
Baréin, Jordania, Chile y Honduras: Retiraron a sus embajadores.
Canadá, Italia, Japón, Bélgica y España: Anunciaron la suspensión de venta de armas a Israel.
La equidistancia de muchos países ante la ofensiva en Gaza es inaceptable. Mientras Israel ejecuta una campaña militar indiscriminada, la diplomacia tibia y los gestos simbólicos demuestran que la comunidad internacional aún no está dispuesta a responsabilizar plenamente a Israel. La supuesta equidistancia no es neutralidad, es complicidad, y perpetúa la crisis humanitaria que ya ha causado la muerte de más de 34,000 personas.
La única forma de romper el ciclo de violencia es con acciones firmes y sanciones efectivas que demuestren que la comunidad internacional no tolerará la brutalidad. Los llamados a la paz deben ir acompañados de presión diplomática y económica que obligue a Israel a cambiar su curso de acción. Cualquier otra respuesta es una traición al principio fundamental de justicia que debería guiar a la diplomacia mundial.
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