La presidenta de la Asamblea General de la ONU y excanciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, espera que los derechos del fundador de WikiLeaks Julian Assange sean respetados y protegidos tras su detención en la Embajada de Ecuador en Londres.
«La presidenta de la Asamblea General verdaderamente espera que los derechos del señor Assange sean respetados y protegidos, con base en los estándares internacionales», dijo este jueves su portavoz, Monica Grayley, en su conferencia de prensa diaria en Naciones Unidas.
Grayley explicó que la diplomática ecuatoriana no va a hacer comentarios como exministra de Exteriores, dadas sus actuales responsabilidades en Naciones Unidas, donde encabeza un órgano en el que se sientan los 193 Estados miembros de la organización.
Espinosa era canciller cuando Ecuador concedió a Assange la nacionalidad en diciembre de 2017 y trató de sacarlo de Londres bajo estatus diplomático para poner fin a la situación en la que se encontraba desde 2012, cuando el Gobierno de Rafael Correa le concedió asilo.
Su plan, sin embargo, no salió adelante dado que el Reino Unido rechazó esa solución unilateral y dijo que arrestaría al fundador de WikiLeaks en cuanto saliera de la legación.
El actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, se desligó entonces de la iniciativa de Espinosa, que formaba parte del ala más izquierdista de su Ejecutivo.
Este jueves, el actual ministro de Exteriores, José Valencia, anunció que la nacionalidad ecuatoriana concedida a Assange en 2017 ha sido suspendida por «irregularidades» en el proceso.
Hace unos meses, la diputada conservadora Paola Veintimilla hizo una investigación sobre el caso y llegó a la conclusión que se habían trasgredido las leyes ecuatorianas sobre concesión de la nacionalidad, argumento que hoy ha esgrimido Valencia para dejarla en suspenso.
El Gobierno de Moreno decidió además dejar sin asilo a Assange, tras acusarlo de violar acuerdos internacionales, un protocolo especial de convivencia y participar en una trama de desestabilización institucional, permitiendo su detención por las autoridades británicas.
El arresto respondió a una petición de extradición de Estados Unidos, así como al hecho de haber violado las condiciones de libertad condicional en 2012, informó Scotland Yard.
El Gobierno estadounidense acusa a Assange de «conspiración para infiltrase» en sistemas del Gobierno con el objetivo de acceder a información clasificada, un cargo por el que podría ser condenado a una pena de hasta cinco años de prisión.
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