Amortiguar el calentamiento global de la Tierra implica dejar de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esa verdad científica supone abandonar la producción de energía a base de quemar combustibles fósiles: petróleo, carbón o gas. ¿Quién paga el coste? Y, más allá: ¿Quién pincha la burbuja económica del carbono que infla la valoración de las empresas con grandes inversiones en energía fósil? 

«Ponerle una tasa, un precio adecuado al carbono daría un vuelco al panorama», cuenta Helena Viñes Fiestas, directora adjunta de Sostenibilidad de BNP que ha venido a España a un seminario celebrado en el Banco de España. Detrás de este análisis rotundo, ¿qué significa una tasa al carbono? Se trata de cargar cada tonelada de gas emitida con una cantidad más o menos fija de dinero que deben abonar los emisores.

Responde al principio de «quien contamina más paga más» y si es «sólido, predecible y creciente» refleja «el daño de las emisiones de gases de efecto invernadero y los verdaderos costes que suponen para la sociedad», explican en la organización Carbon Market Watch.

Aunque varios países ya han creado sistemas de este tipo «el precio es demasiado bajo» para reducir las emisiones lo suficientemente rápido, dicen. El rango abarca los más de 100 euros de Suecia a menos de cinco en la horquilla baja de otros estados como Noruega. España no ha establecido un precio al carbono mediante un impuesto.

Resistencia a nuevas tasas verdes

La cuestión es, finalmente, dónde se soporta ese esfuerzo económico. La factura de la lucha contra el cambio climático «debe ser una combinación de financiación pública y privada. El sector público suele liderar estas cosas», comenta Nick Robins, profesor de Finanzas Sostenibles de la London School of Economics. Sin embargo, Javier Andaluz, responsable de Energía y Clima de Ecologistas en Acción, aclara que «la vía de financiación de la lucha climática en España es mayoritariamente pública mediante los Presupuestos Generales». Y critica que «cuando se propone la creación de una nueva tasa, en numerosas ocasiones, se traslada directamente a los usuarios de los servicios dejando intactos los beneficios de las empresas». 

En este sentido, el economista Nicholas Stern, ha dejado claro que «el dinero de un impuesto al carbono deber ir a la gente más pobre para que mejoren sus circunstancias». Nick Robins ofrece otro ejemplo: «Colocas un impuesto sobre un daño ecológico y todo el dinero se devuelve a los ciudadanos per capita: eso significa que una abuela se lleva el mismo dinero que la persona que tiene un Porsche. El del Porsche paga más, pero recibirá lo mismo que la abuela».  

Este investigador argumenta que «el mercado no nos cuenta la verdad ecológica», es decir, que nuestra vida diaria, al utilizar la energía o al conducir coches, no incluye el «daño que se está haciendo». «Una manera de atacar el problema ecológico es mediante el cambio de los precios ya sea con los impuestos o con otro mecanismo. Cambiar los precios es crítico». «Es obvio que lo barato aquí en España, se paga en otro lugar», sentencia Andaluz. El reto, dicen, es identificar a los más vulnerables para que no resulten doblemente perjudicados. 

Este análisis lleva a un problema: este cambio es preciso realizarlo de manera socialmente aceptable. «Ese es el siguiente desafío: una política que sea efectiva –reduzca emisiones–. Eficiente, es decir, de bajo coste, no cara. Y justa», concluye el investigador inglés. 

«Nuestro presupuesto de carbono es muy pequeño», analiza Helena Viñes para alertar de la urgencia. Esto es la cantidad de gases que pueden emitirse y, aun así, frenar el calentamiento global en 2ºC. Mucho menor si se atiende a la última advertencia del Panel Científico Internacional que pidió limitar el calentamiento a 1,5ºC (las diferencias de los efectos son «demasiado grandes»). «La transición ecológica va a ocurrir y el crecimiento va a ser verde», exclama convencida.

La burbuja del carbono

Viñes, que también es miembro del grupo técnico de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, subraya que los gases de efecto invernadero han creado una bomba de relojería: la burbuja del carbono: «Grandes empresas sobrevaloradas ya que tienen enormes inversiones en combustibles fósiles, que deben caer». Una alerta también dada ya hace meses por el Banco de España.

Así que ve crucial eliminar «los subsidios a los hidrocarburos». Eso significaría abrir el melón de, por ejemplo, el trato privilegiado del diésel en España. Un asunto que, solo al insinuarlo durante la última legislatura, provocó disensiones en el Gobierno de Pedro Sánchez. Viñes apela a que «tiene que haber una responsabilidad por parte de todos, en la medida de sus capacidades». 

En ese sentido, Robins pide que «no se tome a la gente por tonta  porque, al final, serán los ciudadanos los que van a pagar por ello ya sea con los impuestos o al comprar la energía o los alimentos. La gente sabe que el clima está cambiando. La mayoría de la gente no está en contra del cambio, pero quieren ser tenidos en cuenta. Y ver pasos sensatos, no un shock«. 


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