Anova denuncia que el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo “prima el negocio especulativo” de las grandes corporaciones “dejando de lado la obligación legal de proteger el territorio”.
El grupo considera que el Gobierno del PP está desatendiendo a nivel autonómico la protección “de algunos de los espacios más ambientalmente sensibles y representativos de Galicia” con el objetivo de “favorecer el rendimiento económico privado de directivos e inversores de las multinacionales del sector extractivo.
Por ese motivo, critican y rechazan declaraciones públicas como las de la directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais Paula Uría sobre la defensa de la “minería sostenible” en lo que consideran como una situación diametralmente opuesta pues “la Xunta de Galicia lleva años siendo cómplice y mirando hacia otro lado ante las agresiones ambientales e incumplimientos legales por parte de diversas explotaciones mineras” en un contexto en el que el Gobierno Feijóo “sigue manteniendo la misma política de laxitud ambiental y completa falta de planificación” sin una normativa ni los instrumentos de protección necesarios para preservar los valores ambientales, paisajísticos, patrimoniales y los derechos de la gente del rural, al igual que ocurre en el ámbito eólico.
LA MINA DE TOURO COMO EJEMPLO DE LA FALTA DE CONTROL DE LA XUNTA
El colectivo político apunta que “uno de los ejemplos más evidentes de esta situación es el caso de Touro” donde Cobre San Rafael -filial de Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas- intenta hacer una explotación megaminera a cielo abierto, si bien “también hay otras situaciones equivalentes” como la originada por la multinacional australiana Rafaella Resources en Santa Comba y San Finx.
Consultado por contrainformacion.es, el portavoz nacional de Anova Antón Sánchez pone de manifiesto la existencia de un “hilo conductor” existente en la manera de actuar de la Xunta en lo que respecta al sector minero que resume en “descontrol, pasividad y dejadez” a través de “un dejar hacer” a las empresas “que está por encima del cumplimiento de los procedimientos estipulados por Ley”.
En este sentido, su propia formación valora que “un Gobierno gallego responsable debería contar con todos los instrumentos necesarios para garantizar la protección de la biodiversidad, de los recursos hídricos, del paisaje y de la ciudadanía, algo que sin embargo no está sucediendo por la lamentable política de la Xunta en materia de Energía y Minas”.
La agrupación política denuncia que la realidad es muy distinta de la que el Gobierno Feijóo intenta vender a la opinión pública ya que “Galicia carece de la normativa y de la voluntad política para que la actividad minera no suponga una amenaza a nivel territorial“, tal y como se demuestra en los numerosos casos de afección paisajística y contaminación dispersos por toda la geografía gallega como en la mina de Touro, el desastre ambiental del Monte Neme, las irregularidades de San Finx o el brutal impacto de la minería de la pizarra en la Comarca de Valdeorras sobre el paisaje y los ríos de la zona.
“Con una Ley del suelo que ha rebajado las exigencias permitiendo el establecimiento de la actividad minera prácticamente en cualquier lugar del territorio, la ausencia de una propuesta de ampliación de la Red Natura desprotegiendo de facto los mejores paisajes naturales de Galicia, la carencia de un plan real de conservación y recuperación de especies amenazadas y en peligro de extinción o el abandono en la catalogación de las zonas húmedas son carencias fundamentales que muestran la vulnerabilidad en la que el Partido Popular deja al territorio gallego ante el incremento de la presión de las grandes transnacionales mineras. Por no cumplir, el Gobierno gallego ni ha cumplido con la obligación legislativa de elaborar el Plan Sectorial de Actividades Extractivas (PSAEG), que según la Ley 3/2008, de ordenación de la minería, tiene que ser el máximo instrumento de planificación y ordenamiento en este ámbito” -explican desde la Irmandade Nacionalista-.
Anova recuerda que “ya son 13 años incumpliendo la Ley” porque “Alberto Núñez Feijóo y su Gobierno prefieren un régimen de semiclandestinidad sin aclarar nunca sus intenciones“, tal y como sucedió en el año 2013, cuando el Ejecutivo autonómico sacó a información pública una propuesta del PSAEG que tuvo que retirar “ante el escándalo que provocó su contenido”, que “daba barra libre a las empresas mineras a costa de la desprotección territorial de Galicia.
Desde entonces, para Anova, “de lo único que se tienen certezas es de los constantes escándalos provocados por la opacidad y complicidad de la Xunta con la actividad ilegal de determinadas empresas mineras” denunciadas por colectivos e instituciones como el Defensor del Pueblo, que ha llegado a considerar al actual Gobierno de la Xunta como “Administración no colaboradora o entorpecedora”.
Anova considera que unos recursos limitados como los minerales, cuya explotación supone su agotamiento, no pueden ser gestionados “bajo el prisma de la codicia del gran capital” sino que “debe primar el Principio de Cautela o Precaución” y “una planificación racional que tenga en cuenta las necesidades humanas y no las especulativas” y que sirva para proteger “tanto los valores ambientales como las actividades agroganaderas, forestales y el turismo sostenible” favoreciendo de este modo “un desarrollo ordenado del ámbito rural que garantice la protección ambiental, la salud pública y el mantenimiento del tejido social”.
