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Carmen Laúna, fiscal Anticorrupción, ha presentado sus conclusiones definitivas en el juicio por el supuesto engaño a los inversores en la salida a Bolsa de Bankia y ha incrementado tanto el número de acusados, al pasar de 4 a 14, como las penas y los delitos atribuidos.

La petición de condena a Rato se ve aumentada de esta forma de cinco años de prisión a ocho y medio o siete como alternativa, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.

El expresidente de Bankia fue “plenamente consciente de la inconsistencia” del proyecto y de su “debilidad financiera”, indica la fiscal, que afirma que Rato permitió la salida a Bolsa “a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo una información incompleta e inveraz”, que a su juicio “ocultaba la situación crítica de Bankia” y que el precio de la Oferta Pública de Acciones (OPS) “dañaba inexorablemente el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y el futuro del banco cotizado”.

La fiscal dice que el expresidente de Bankia fue “plenamente consciente de la inconsistencia” del proyecto y de su “debilidad financiera”. Y aun así, Laúna sostiene que permitió la salida a Bolsa “a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo una información incompleta e inveraz”, que a su juicio “ocultaba la situación crítica de Bankia” y que el precio de la Oferta Pública de Acciones (OPS) “dañaba inexorablemente el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y el futuro del banco cotizado”.

Sostiene que “como presidente de una entidad a la que, a ojos de buena parte de los inversores minoristas, aportaba el prestigio que le otorgaban sus pasadas responsabilidades en el Gobierno de España y en el Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato encarnó el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia, muy alejadas de la realidad”.

Para la fiscal, tanto Rodrigo Rato como el exvicepresidente, José Luis Olivas, “tuvieron una especial responsabilidad en que la salida a Bolsa se llevara a cabo sustrayendo a los inversores información esencial acerca de la verdadera situación patrimonial” de la entidad “y de su inviabilidad”.

Además de Rato, los otros acusados son José Luis Olivas, a quien pide 5 años de cárcel; José Manuel Fernández Norniella, para quien reclama 6 años de prisión; dos años y seis meses para Ildefonso Sánchez Barcoj; dos años de cárcel para el auditor Francisco Celma; Otros dos años para el todavía empleado de Bankia, Sergio Durá; Miguel Ángel Soria, con dos años de cárcel; Un año y seis meses para Francisco Verdú; idéntica petición de condena para Alberto Ibáñez y para el exministro Ángel Acebes; y un año de cárcel sustituible por multa para Araceli Mora, Pedro Bedía, José María García-Fuster y Remigio Pellicer.

La Fiscal también reclama que Rato, Olivas, Norniella, Sánchez-Barcoj y Celma indemnicen “conjunta y solidariamente” por partes iguales a los inversores minoristas personados en el procedimiento que no hayan sido ya indemnizados por Bankia, en el importe de la inversión más los intereses legales incrementados en dos puntos, que hayan sido devengados desde la fecha de su adquisición. Laúna pide al tribunal que declare responsables civiles subsidiarios a Bankia, BFA y la auditora Deloitte.

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