La Fiscalía del TSJC ha archivado las diligencias abiertas contra la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, por su actuación a favor del 1 de octubre porque, aunque considera “indudable” que colaboró con el 1-O, no ha quedado probado “ni siquiera indiciariamente”.
La alcaldesa era investigada por los delitos de “desobediencia a la Autoridad Judicial, prevaricación administrativa e infracciones penales conexa a las anteriores”, entre ellas malversación de fondos públicos.
La investigación la inició la Fiscalía de Girona pero, cuando la alcaldesa fue elegida diputada al Parlament, en tanto que aforada, el caso pasó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como órgano competente.
Madrenas, que ha hecho público este archivo en su perfil de Twitter y ha publicado la resolución de la Fiscalía, se ha mostrado “satisfecha” porque la decisión adoptada, según ha dicho, “evidencia que el referéndum lo hicimos entre todos, y es necesaria la absolución de los presos políticos”.
No obstante, también ha señalado que se siente “triste” porque continúa “habiendo políticos encausados”, como el alcalde de la Bisbal d’Empordà, Lluís Sais, sobre el cual la Fiscalía confirmó el pasado día 13 la presentación de una querella por los delitos de desobediencia y prevaricación por apoyar el 1-O.
El mismo día 13 y el anterior, la fiscalía comunicó los archivos de las causas abiertas por los mismos motivos contra los alcaldes de Santa Coloma de Farners, Palagfrugell, Olot y Puigcerdà.
En cuanto a Madrenas, la Fiscalía analizó el oficio dictado por la alcaldesa en apoyo del referéndum, por el cual podría haber incurrido en delitos de desobediencia y prevaricación, si no lo hubiera firmado, como hizo, el 7 de septiembre de 2017, un día antes de recibir la notificación del Tribunal Constitucional que advertía a los alcaldes que se abstuvieran de promover el 1-O.
Fiscalía también recoge que el 1-O se utilizaron en Girona como centros de votaciones 17 locales de diversa naturaleza, escuelas, pabellones deportivos, centros cívicos, etcétera, todos ellos “propiedad del consistorio”.
Sin embargo, la policía judicial no pudo identificar el 1-O quién tenía las llaves y quién los abrió, ya que algunos de ellos ni siquiera fueron cerrados el día anterior al referéndum ilegal.
El pasado 13 de junio, Madrenas prestó declaración como investigada y negó que ella u otro responsable del consistorio hubieran ordenado “ceder o poner a disposición locales o instalaciones municipales para la celebración del referéndum”, y mantuvo que habían sido abiertos por “ciudadanos anónimos”.
La Fiscalía considera “indudable” que, al haberse posicionado en numerosas intervenciones públicas “a favor de la independencia y del referéndum ilegal”, es más que probable que colaborara materialmente para que se celebrara y que además su declaración de junio fue “poco creíble”.
No obstante, reconoce que, más allá de “presunciones o suposiciones,” en ningún momento ha quedado acreditado “ni siquiera indiciariamente” que colaborara activamente con el referéndum, y si no hay prueba de ello, no existen los delitos ni de desobediencia ni de malversación de fondos públicos.
Por todo ello el fiscal José Joaquín Pérez De-Gregorio Capella ha firmado el decreto que archiva las diligencias de investigación abiertas contra Madrenas.
