La Fiscalía de Brabante Valón, que investigó la supuesta colocación de balizas de geolocalización en vehículos que Carles Puigdemont utiliza en Bélgica, sostiene que archivar el caso fue la decisión correcta y que, en caso de que otro tribunal ordenara reabrir el dossier, no se podría ir más lejos.

«Para nosotros se ha terminado del todo», indicaron a Efe fuentes del Ministerio público conocedoras del dossier, convencidas de que «no se puede hacer más de lo que se ha hecho».

Una vez que la Fiscalía había pedido el sobreseimiento de la investigación al no haber llegado a ninguna conclusión relevante, el juez instructor del que depende el caso rechazó el pasado mes de marzo que se ampliaran las pesquisas, como reclamaban los denunciantes.

En las últimas fechas, varios medios de comunicación en España y Bélgica han dado cuenta sobre las investigaciones policiales que se llevaron a cabo para determinar quién colocó presuntamente esos dispositivos de geolocalización en 2018.

Esas informaciones, que ya conocía la Fiscalía encargada del caso antes de dar por concluido el dossier, apuntan a que una tarjeta SIM vinculada a uno de los aparatos podía relacionarse con un hotel de Bruselas en el que presuntamente se alojaba en ese momento un fiscal de la Audiencia Nacional española.

Puigdemont y su entorno «intentan por todos los medios ir más lejos» pero «en un momento hay que ser razonable», porque se trataría de intentar encontrar «una aguja en un pajar», explicaron las fuentes.

El entorno de Puigdemont, no obstante, ha hecho saber, a través de uno de los abogados en Bélgica del expresidente huido de la Justicia española, Paul Bekaert, que recurrirán la decisión de archivar la causa a un tribunal de Apelación.

Los denunciantes sospechan que esos dispositivos de seguimiento habían sido instalados por los servicios españoles de inteligencia sin el beneplácito de las autoridades belgas.

En caso de que ese tribunal dé la razón a los demandantes, se obligaría al juez de instrucción de la causa a reabrir el dossier, que recaería de nuevo sobre la Fiscalía de Brabante Valón.

«El tribunal deberá pronunciarse con los elementos del dossier y por ahora no ha dado gran cosa», añadieron las fuentes del Ministerio público, que señalan que es difícil prever cuánto podría demorarse el proceso en el supuesto de que se reabriera el caso.

«Entre quince días y varios meses», pero cabe esperar que termine en 2019″, agregaron las fuentes.

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