El panorama legal en torno al expresidente catalán Carles Puigdemont toma un nuevo giro, ya que la Fiscalía del Tribunal Supremo, al igual que la de la Audiencia Nacional, se opone a la investigación por delito de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic.
La causa, actualmente instruida por el magistrado Manuel García Castellón, se encuentra en la mira de Álvaro Redondo, cuyo informe será evaluado por la junta de fiscales de lo penal del alto tribunal este martes, según informa El País.
La respuesta de Redondo al análisis del magistrado de la Audiencia Nacional, quien remitió la exposición razonada al Supremo para considerar la investigación contra Puigdemont, la dirigente de ERC Marta Rovira y otras diez personas por un delito de terrorismo, sigue la línea del fiscal Miguel Ángel Carballo. Carballo cuestionó la decisión de García Castellón al argumentar que los hechos investigados no constituyen terrorismo, sino desórdenes públicos graves.
El informe de Redondo aún no es definitivo, ya que debe someterse al escrutinio de la junta de fiscales de lo penal del Tribunal Supremo, donde prevalecerá el criterio de la mayoría en caso de desacuerdo. Una vez completado este proceso, el magistrado Juan Ramón Berdugo propondrá a la Sala de lo Penal del Supremo si se debe admitir o no la causa de Tsunami Democràtic.
En más de 100 páginas, García Castellón argumentó “indicios” de la participación de Puigdemont, Rovira y otros en hechos “susceptibles de integrar un delito de terrorismo”. Situó a Puigdemont en el “vértice más alto de la organización” de Tsunami Democràtic, destacando su posición como ex presidente y líder desde Bruselas del independentismo, otorgándole una autoridad incuestionable.
El magistrado basó sus conclusiones en mensajes de móvil entre el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el empresario Jesús Rodríguez, anotaciones en la agenda de Alay, y el respaldo de Puigdemont al lanzamiento de Tsunami Democràtic a través de Twitter.
García Castellón subrayó la necesidad de diligencias de investigación para aclarar los hechos, que no pudo llevar a cabo debido al estatus de aforado tanto de Puigdemont como del diputado catalán Rubén Wagensberg, también implicado en la causa.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional impugnó la decisión de dirigir la investigación contra Puigdemont, argumentando la falta de indicios suficientes y la incompetencia de la AN para abordar el caso, al considerar que los hechos no eran terrorismo, sino desórdenes públicos agravados.
En enero, García Castellón rechazó el recurso de reforma de la Fiscalía, afirmando que las últimas diligencias consolidaron la hipótesis inicial. En este proceso, la Audiencia Nacional indaga si Tsunami Democràtic orquestó los disturbios de 2019 en reacción a la condena del Supremo contra el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes del ‘procés’.
