La investigación que la Fiscalía abrió a más de 70 alcaldes catalanes en vísperas del 1-O se ha acabado limitando a media docena de denuncias contra ediles que tuvieron una «participación activa» en la organización del referéndum, más allá de la mera «adhesión política».

Así lo ha explicado este jueves el Fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, en la comisión de Justicia del Parlament, donde ha expuesto la memoria de la institución correspondiente a 2017, en una comparecencia en la que ha soportado una lluvia de reproches de los grupos independentistas por el papel del Ministerio Público en la ofensiva jurídica contra el «procés».