En Marea vuelve a pedir explicaciones a la Xunta de Galicia por la falta de actuaciones de control y vigilancia sobre el Grupo Minero San Finx ante las presuntas irregularidades denunciadas por el órgano judicial ante el juzgado.
El Grupo Parlamentario de En Marea, que ya registró estos últimos años diversas iniciativas parlamentarias solicitando una aclaración del Gobierno gallego y Augas de Galicia por sus actuaciones en las minas de San Finx, ha exigido la inmediata dimisión del actual Director Xeral de Enerxía e Minas tras conocer la imputación de Ángel Bernardo Tahoces por parte del ministerio fiscal.
Antón Sánchez, viceportavoz de la formación y coordinador xeral de Anova advirtió a finales de 2017 que la situación de las minas de San Finx «ofrece una imagen de una Administración autonómica cómplice de una empresa», recordando que para la reapertura de la explotación, el bipartito estableció en su momento la obligación de realizar un Estudio de Impacto Ambiental, trámite del que fue eximida la empresa en cuanto Ñúñez Feijóo llegó al poder.
Asimismo, Sánchez recordó que aunque en aquel momento estaba en tramitación una solicitud de autorización de vertidos al dominio público hidráulico por parte de Augas de Galicia de las aguas ácidas almacenadas en las galerías de la mina, ya habían existido vertidos sin autorización, reconociendo incluso la entidad pública una contaminación con niveles de cadmio y zinc por encima de los límites permitidos que llegan a alcanzar el kilómetro y medio aguas abajo.
De igual manera denunció la existencia de dos balsas con residuos mineros en mal estado de conservación que pueden dar lugar a un vertido «que pueden llegar a causar graves daños», poniendo de ejemplo la rotura de una de las balsas de decantación del Monte Neme, entre las localidades coruñesas de Carballo y Malpica.
TOLERANCIA Y CONNIVENCIA DE LA XUNTA
En Marea viene mostrando desde hace años su preocupación «por la tolerancia y connivencia» de la Xunta «con estas empresas contaminantes» que provocan daños ambientales y que suelen dejar pasivos ambientales que la ciudadanía «tiene que asumir con recursos públicos». Por eso, para el Grupo Parlamentario, el de San Finx es «un ejemplo más» de ese modelo por el que luchan tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el propio Tahoces, ejemplificado en la aprobación de la Ley de fomento de la implantación de iniciativas empresariales, que está hecha a medida de las grandes mineras.
«Muchas personas, colectivos y otras empresas del sector se preguntan qué hay detrás de la inacción de la Consellería de Medio Ambiente en una situación cuyas dimensiones aún desconocemos» -afirmó Sánchez en noviembre de 2017-. Para el diputado «no es una pregunta nueva pues ya se le formuló al Sr. Bernardo Tahoces así como repetidamente al Sr. director de Augas de Galicia, que no sólo parece compartir responsabilidad sino también criterio fernte a la grave afectación que estas explicaciones no sometidas al procedimiento de evaluación de empacto ambiental están teniendo y tendrán en el medio ambiente».
EL PSdeG TAMBIÉN RECLAMA UN MAYOR CONTROL POR PARTE DE LA XUNTA
Por su parte, la portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista, Patricia Vilán, le ha exigido al Gobierno de Feijóo que ofrezca «las máximas garantías» en las explotaciones mineras de Galicia, reclamando a la Xunta que tome medidas para garantizar la seguridad «no sólo medioambiental sino tambíen de cara a la salud pública» por el «elevado riesgo» que tienen este tipo de explotaciones.
Vilán añadió además que «este tipo de actuaciones» como la que ha terminado con la imputación del Director Xeral de Enerxía e Minas de la Xunta son «el principal enemigo de la minería de Galicia» y evidencian «la necesidad inescusable de que el Gobierno gallego cumpla con su función y garantice que las explotaciones respecten escrupulosamente todos los requisitos«.
PIDEN EL CESE DE TAHOCES
