La Fiscalía investigará las actividades de una empresa ucraniana con sede en España que presenta posibles indicios de delito. Este movimiento de la institución llega después de una petición del Ministerio de Justicia a hacer lo propio y de las palabras de la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, que equiparaba esta práctica con el tráfico de órganos.
Ucrania se ha convertido en uno de los destinos predilectos de los vientres de alquiler. El país acaba de abrir una investigación, en la que acaba de entrar España, con la que han detectado más de un millar de posibles casos irregulares en Europa. Las pesquisas de Kiev se basan en posibles delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión de impuestos.
La investigación está centrada en la clínica Biotexcom, según ha podido confirmar El País. Se trata de una empresa cuya base está Kiev y que opera con distintas sedes fuera. Entre ellas, una en España que anuncian en su propia web. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, remitió una denuncia a la Fiscalía General del Estado para pedir que se estudiaran las derivas del caso en España después de que Ucrania comunicara al Gobierno español a principios de agosto detalles de su investigación. Es la primera vez que el Gobierno solicita que se investigue judicialmente a agencias de vientres de alquiler.
Este millar de casos pueden afectar a familias de distintos países de Europa en los que la práctica de los vientres de alquiler no está permitida. Las posibles irregularidades tienen que ver con los delitos de los que se acusa a Biotexcom, que controla dos tercios del negocio que se hace en Kiev con extranjeros y que ha levantado un imperio ofertando dos “paquetes” de vientres de alquiler a precio fijo en uno de los países con las tarifas más bajas del mundo. En su web oferta el modelo estándar por 39.900 euros y el VIP (49.900 euros) que permite elegir el sexo del bebé, algo también prohibido en España.
En Ucrania solo se permite acudir a esta práctica a matrimonios heterosexuales. El material genético debe ser aportado por al menos uno de ellos y hay una mujer, sin relación genética con el futuro bebé, que lo gesta.
Las condiciones de algunos de los contratos que firman las gestantes con los llamados padres de intención son terribles. A partir del séptimo mes de embarazo, las mujeres deben vivir en una habitación designada por los representantes de la agencia y separadas de sus hijos, si los tienen. “No podrán volver a verlos hasta que no entreguen al niño”, cuenta la ministra Delgado a El País. No pueden mantener relaciones sexuales durante el embarazo. Los padres de intención deciden en algunos extremos si hay que practicar un aborto. En caso de que se incumplan las cláusulas, se establece una multa para la gestante “del 200% de la contraprestación que reciba por la gestación”.
La investigación ucraniana ha detectado casos en los que las mujeres cobran un tercio o menos de lo que les habían prometido. Si se cerró el trato por 10.000 euros, les acabaron pagando 3.000 o hasta 500 euros.
