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La Fiscalía pedirá hoy la prisión para los condenados de la Manada de Villalba

La Fiscalía pedirá hoy en una vista en la Audiencia Provincial de Madrid el ingreso en prisión de los tres jóvenes integrantes de la conocida como La Manada de Collado Villalba tras haber sido condenados por la agresión sexual a una joven el 13 de marzo de 2015 en esta localidad madrileña.

La Audiencia madrileña condenó a 15 años de cárcel a dos de ellos y a 14 al tercero por agresión sexual continuada a la joven en un piso, en una sentencia en la que la magistradas establecieron que cometieron el delito aprovechándose de lo que la jurisprudencia ha denominado «intimidación ambiental».

La Sección 29 de la Audiencia ha señalado para hoy la vista a la que los condenados tienen la obligación de comparecer, informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La vista se celebrará sin acceso público, según ha decidido el tribunal, ya que en la misma se va a discutir sobre una medida cautelar como es la prisión provisional a la espera de la firmeza de la sentencia.

La Fiscalía remitió un escrito a la Sala en la que pedía que convocara a las partes para celebrar esta vista en la que solicitará el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de los tres jóvenes condenados, según informó el pasado 22 de febrero el Ministerio Público.

En su escrito la Fiscalía explicaba que «dada la gravedad de las penas impuestas» estima necesaria dicha medida para «evitar el riesgo de fuga».

Para la Fiscalía en este caso concurren todos los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión preventiva, esto es, la existencia de un delito castigado con pena superior a dos años, motivos para creer al encausado responsable del delito y la necesidad de evitar que pueda sustraerse a la acción de la justicia.

Según la sentencia los tres condenados estarán sometidos además a una medida de libertad vigilada por espacio de siete años, que empezarán a cumplir una vez que hayan cancelado las penas privativas de libertad.

Asimismo se le prohíbe comunicar por cualquier medio con la víctima, así como aproximarse a su domicilio o lugar de trabajo por un tiempo de veinticinco años.

También han sido condenados a indemnizar cada uno a la víctima con 30.000 euros para reparar en la medida de lo posible los graves daños morales y las consecuencias psicológicas.

Redacción

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