En octubre de 2019 seis querellas por torturas fueron presentadas por Valerià Marí, Antonio Moya, Ramón Gurillo, Vicente Carrión, Rafael Juárez y Lucía Aragón. Todos ellos fueron detenidos y torturados en la Jefatura Superior de la Policía en 1975 bajo el amparo de una ley aprobada en agosto del 75 que permitía tener retenidas a las personas por un plazo de nueve días. La excusa del régimen: “la prevención del terrorismo”.

Ahora, El juzgado de València, que ha acumulado las querellas de estas víctimas de torturas por la policía durante el franquismo, ha recibido el informe del fiscal al respecto de la causa pidiendo su sobreseimiento.

En este informe, el representante del Ministerio Público “interesa el sobreseimiento libre de la causa” por aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. Ahora deberá ser el magistrado instructor quien decida si archiva la causa o prosigue con la investigación, según informa Valencia Plaza.

El fiscal del caso, Jaime Cussac, tras recibir el dictamen emitido en julio por el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Fernando Rodríguez Rey, explica en su escrito que «considera que, pese a no encontrarnos en los supuestos planteados en relación al oficio de 2016 (querella argentina), ha de estimarse que el sustrato de las querellas es sucintamente idéntico, y que procede reiterar los argumentos que fueron emitidos, oponiéndose a la pretensión de inicio de actuaciones judiciales que tengan como finalidad la persecución de hechos prescritos, y a los que sea de aplicación la Ley de Amnistía”, según el texto.

El informe explica además que las víctimas han tratado de subsanar el hecho de que fuera una causa general interponiendo las querellas víctima por víctima, “pese a que la identidad de los autores y los hechos desembocan en la inevitable, como así ha sucedido, acumulación de las mismas”.

Asimismo, expone también que otra querella previa fue ya archivada por el Juzgado de Instrucción Número 7 de València, y que el recurso presentado por los querellantes fue rechazado por la Audiencia Provincial.

Un delito de lesa humanidad

En el escrito de la Fiscalía se hace referencia a otro dictamen de 2016 realizado a raíz de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de la República Argentina había librado comisiones rogatorias a diferentes juzgados españoles.

La investigación se paró porque los delitos se habían cometido en España y porque, de 1936 a 1977, apuntaba a una “especie de causa general radicalmente incompatible con el concepto de proceso penal y sus principios inspiradores” o porque los autores serían casi personas centenarias.

Las citadas torturas deberían suponer un delito de lesa humanidad, delito que no prescribe, sin embargo, siempre según el texto, “es solo a fecha mucho más avanzada -de 1977- cuando se establece la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y lesa humanidad. La imprescriptibilidad de estos hechos sólo opera en nuestro ordenamiento jurídico desde el 1 de octubre de 2004”.

Rodríguez Rey recuerda asimismo en su informe de la FGE, que existen otros procedimiento y actuaciones “en orden al esclarecimiento de los hechos, al restablecimiento de la memoria histórica de forma veraz conforme a los principios democráticos de la Constitución Española, y la consiguiente recuperación de la dignidad de las víctimas en la Ley de Memoria Histórica”.

Una última esperanza

El problema para estas seis personas es que la Ley de Amnistía del 77 impide investigar lo sucedido judicialmente. A Valerià Marí, Antonio Moya, Ramón Gurillo, Vicente Carrión, Rafael Juárez y Lucía Aragón solo le queda una esperanza real: que el gobierno se decida a organizar, de una vez por todas, una comisión de investigación que analice y organice los crímenes del franquismo cometió contra inocentes.