La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona que convoque una vista para enviar a prisión al exprofesor de la escuela de los Maristas de Barcelona Joaquín Benítez, que ayer fue condenado a 21 años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el ministerio público ha solicitado esta misma mañana a la sección 21 de la Audiencia de Barcelona la comparecencia de prisión para Benítez, al igual que las acusaciones ejercidas por las víctimas del pederasta confeso.
Benítez se encuentra en libertad provisional desde que en febrero de 2016 compareció como investigado ante el juez instructor de Barcelona y confesó haber agredido sexualmente al menos a uno de sus alumnos, tras lo que el magistrado acordó dejarlo en libertad provisional.
En una sentencia, que no es firme, la Audiencia de Barcelona condenó ayer a 21 años y nueve meses de cárcel al exprofesor por abusos sexuales a cuatro alumnos, dos de los cuales fueron reconocidos por el propio acusado.
El fallo condena además al pederasta confeso a indemnizar con 120.000 euros a sus cuatro víctimas y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Fundación Champagnat, propietaria de las escuelas Hermanos Maristas y que tendrá que pagar las compensaciones en el caso de que Benítez no tenga suficiente dinero para abonarlas.
El juez instructor acordó dejar en libertad en 2016 al exprofesor con la prohibición de tratar con menores -en una resolución que avaló después la Audiencia de Barcelona-, al estimar que no presentaba riesgo de fuga dado que había comparecido ante la justicia siempre que se le había solicitado.
Las acusaciones entienden, sin embargo, que las circunstancias del pederasta confeso han cambiado a raíz de la elevada pena que le ha impuesto la Audiencia de Barcelona, lo que puede haber disparado el riesgo de huida.
En su sentencia, la Audiencia da por probado que el exprofesor, que daba clases de educación física, abusó sexualmente entre 2006 y 2009 de cuatro alumnos de entre 12 y 14 años, hecho que según el tribunal ha incidido «de forma permanente» en la vida de las víctimas hasta el punto de condicionar su personalidad.
Según la Audiencia, los hechos fueron cometidos «no sólo con abuso de superioridad por su condición de docente, sino en el mismo centro, con pluralidad de víctimas y en un período temporal amplio», lo que pone en evidencia la «peligrosidad» de Benítez para ejercer de profesor, motivo por el que le inhabilita también durante 13 años y 8 meses.
El tribunal destaca que Benítez, denunciado por una decena más de alumnos -aunque sus casos prescribieron-, aprovechó su «ascendencia» y «jerarquía» como profesor de educación física, así como la «confianza» que los alumnos tenían depositada en él, para usar su despacho, con camilla y lavabo, para abusar de ellos con la excusa de que iba a hacerles masajes cuando tenían algún tipo de dolor.
La Audiencia sitúa a la Fundación Champagnat como responsable civil subsidiaria, en virtud del artículo 120.4 del Código Penal, que prevé esta figura en delitos cometidos por empleados o representantes de una entidad en el desempeño de sus funciones o servicios, y que se fundamenta en la «culpa in vigilando» (culpa en la vigilancia) o «culpa in eligendo» (en la elección).
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