La Fundación Abogados de Atocha ha planteado un incidente de nulidad de actuaciones en relación con todo lo actuado desde que Carlos García Juliá, condenado a 193 años por el asesinato de los Abogados de Atocha el 24 de enero de 1977, llegó a España, por no haber tenido en cuenta a las víctimas y a sus familiares, y a sus representantes, que eran parte del sumario desde un principio.

La representación de las víctimas ha pedido dicha nulidad desde que se estableció la conexión de este delito con el que juzgó la Audiencia Provincial de Ciudad Real, después de que en 1979, García Juliá protagonizara un intento de fuga y un motín en la prisión de Ciudad Real, siendo condenado por detención ilegal, atentado a la autoridad y lesiones, sin que ni las víctimas de Atocha ni sus representantes tuvieran conocimiento.

La conexión de ambos delitos y la refundición de las condenas contaban con la oposición del fiscal. Desde la Fundación se lamentan asimismo de que los autos se remitieran a la Audiencia Provincial de Ciudad Real sin informar a las víctimas y en pleno estado de alarma.

La Fundación Abogados de Atocha también ha impugnado la liquidación de condena realizada por la Audiencia de Ciudad Real, de la que ha tenido conocimiento por los medios de comunicación, pues considera “increíble” que de un lado la Audiencia Nacional haga una liquidación al penado en la que considera que le restan por cumplir 855 días, y que la Audiencia de Ciudad Real le quiera poner en libertad el 19 de noviembre, en apenas 150 días desde este momento, aplicando redenciones de condena por trabajo a las que no tendría derecho por el quebrantamiento de condena que protagonizó García Juliá, según el reglamento penitenciario.

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Comisiones Obreras de Madrid