Juan Chicharro, el presidente ejecutivo de la Fundación Francisco Franco, ha amenazado al gobierno de Sánchez indicando que “un cadáver pertenece a su familia, y una exhumación sin el permiso de la familia es una profanación, que es un delito, y habría una querella“, en referencia a la intención del ejecutivo de retirar los restos del dictador del Valle de los Caídos.

En declaraciones a la agencia EFE, también ha puesto en duda que el Consejo de Ministros vaya a iniciar el próximo viernes los trámites para desenterrar su cuerpo. “Todo son conjeturas“, ha indicado. “¿Va a ser un decreto-ley, una proposición de ley o un real decreto?, da igual” porque, en cualquier caso, sería de rango inferior al derecho internacional, ya que “rige el derecho canónico”, por lo que habría que negociar otro convenio con la Santa Sede.

Chicharro ha hecho una clara referencia al poder del clero, indicando que está por encima del estado, indicando que el terreno de las iglesias es “inviolable” y que la leyes de Estado “no tienen capacidad para los lugares de culto“. Se ha remitido a los informes del Comité de Expertos de 2011, que concluyeron que la única autoridad en el Valle de los Caídos es el prior de la comunidad benedictina y que, “por encima, solo está el papa“.

El presidente de la Fundación ha indicado también que el Gobierno no se ha puesto en comunicación con ellos y que, aunque “con la familia lo han intentado, me consta que no ha habido contacto“.

Chicharro afirma que los descendientes de Franco quieren que siga en la tumba actual y ha añadido que “tiene que seguir ahí, y no contemplamos ninguna otra posibilidad, salvo una intervención del papa“, que ha descartado.

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