“Ponemos en su conocimiento, por si se les hubiera pasado inadvertido, que dicha aprobación -del decreto ley- contraviene el artículo 86 de la Constitución”, asegura Martínez-Bordiu Franco, quinto de los nietos del dictador y segundo de entre los varones de los marqueses de Villaverde, en referencia a la necesidad de que lo que se legisle por decreto ley se refiera a cuestiones de excepcional urgencia.
Además, la Fundación Francisco Franco defiende que el dictador está enterrado «en un lugar sagrado«, ya que el Valle de los Caídos es una basílica y que exhumarlo con la oposición de la familia supondría una «profanación de sepultura ubicada en lugar de culto«, inviolable según el tratado internacional del Vaticano de 1979.
“Esta Fundación se reserva el ejercicio de las acciones civiles y penales que correspondan en caso de que se proceda a la aprobación y ejecución del real decreto ley”, concluye su carta Martínez-Bordiú Franco.
Tanto PP como Ciudadanos han anunciado que no darán apoyo a su tramitación. El Gobierno maneja que la exhumación pueda producirse en secreto, sin anunciar la fecha, para evitar concentraciones de apoyo o protesta.
