Según avanza eldiario.es en una exclusiva, la Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo durante la investigación judicial contra el Gobierno por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer el pasado 8-M.

El informe elaborado por el instituto armado en calidad de policía judicial y que ha resultado clave para la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, atribuye a la COVID-19 la causa de la desconvocatoria que llevó a cabo el sindicato CGT de una concentración en Collado Villalba (Madrid) dos días antes del 8M, pero esto no es cierto.

La tesis que sostiene el atestado policial asegura que el Gobierno permitió ciertas convocatorias mientras intentaba impedir otros de manera arbitraria, motivo por el cual acusan al delegado del Gobierno en Madrid de prevaricación administrativa.

El documento expone que la concentración de la CGT se canceló «dada la situación y riesgos de contagio a causa del coronavirus», cuando en realidad el responsable del sindicato había declarado a la comandancia de la Guardia Civil que «se suspendió por considerar mejor otra fecha más próxima al juicio» de un despido de una compañera por el cual protestaban.

Extracto del informe de la Guardia Civil sobre la declaración del testigo

El motivo del cambio de fecha también aparece en la relación de «reuniones/manifestaciones tomadas en consideración por la Delegación de Gobierno» que recoge el mismo informe policial.

El informe final, sin embargo, manipula la declaración del sindicato e ignora el documento de la Delegación, a quién inculpa de prevaricación aunque las pruebas originales desmientan este relato.

La manipulación de estas respuestas es muy importante en el caso, porque sobre las declaraciones de esos supuestos testigos se apoya el informe que la Guardia Civil ha remitido a la jueza y en cuyas conclusiones se cuestiona que fuera la Delegación del Gobierno la que contactó por teléfono a una docena de convocantes de movilizaciones.