El domingo 7 de noviembre de este año, se celebrarán unas elecciones generales cruciales para Nicaragua. En ellas se va a elegir a la presidencia de la República, a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y a 20 de los 120 representantes del Parlacen, el Parlamento Centroamericano. Las proyecciones electorales realizadas hasta la fecha, apuntan a un claro triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que superaría ampliamente incluso a un hipotético frente de toda la oposición unida, caso de que se produjese una coalición electoral para enfrentar al exitoso binomio Ortega-Murillo.

En estas circunstancias, Estados Unidos ha puesto en marcha su enorme maquinaria desestabilizadora e injerencista con dos objetivos principales. Por un lado, tratar de alterar el más que esperable resultado electoral favorable al sandinismo. Por otro, en su defecto, deslegitimar la victoria del FSLN y mantener la excusa para proseguir con el programa ilegal y unilateral de sanciones con el que castigar a la población nicaragüense por mantenerse fiel a los principios soberanistas y revolucionarios del sandinismo.

Y es que, con las actuales tendencias políticas que recorren el continente americano, los nuevos estrategas de la vieja doctrina Monroe necesitan de alguna victoria que les devuelva parte de la influencia perdida en los últimos procesos electorales de Bolivia, Chile o Perú. También habría que sumar que en el Departamento de Estado tampoco estarán muy contentos con las movilizaciones sociales que aún tienen lugar en Colombia, que amenazan con derribar el principal bastión del imperio en America Latina.

El pretexto usado esta vez para desprestigiar el proceso electoral en marcha es la detención de varios supuestos políticos opositores. Primero fue el caso de Cristiana Chamorro, hija de Violeta Barrios de Chamorro, nefasta presidenta de la República entre 1990 y 1997 al frente de la proestadounidense Unión Nacional Opositora.

Cristiana es la responsable de la Fundación ya extinta que lleva el nombre de su madre, receptora de cuantiosas donaciones de la USAID norteamericana en los últimos años. No está detenida por delitos de opinión, sino por lavado de dinero, bienes y activos. Tampoco pertenece a ningún partido político y ni siquiera es candidata a la presidencia, ya que aún no se han formalizado las inscripciones electorales y no será hasta el 28 de julio cuando tengan lugar los registros de aspirantes oficiales. Sin embargo, su Fundación sí que tiene una larga trayectoria de intentos de desestabilización del país centroamericano, mediante la compra de periodistas y medios de comunicación, con dinero proveniente del enemigo norteamericano y la difusión de bulos, mentiras e intoxicaciones periodísticas permanentes.

Las protestas internacionales comenzaron cuando sus propios promotores decidieron disolver la Fundación «Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia» en aplicación de la Ley de Agentes Extranjeros, que obligaba a registrarse como tal a aquellas organizaciones que pretendieran seguir recibiendo financiación del exterior, cosa que hubiese puesto al descubierto su parcialidad y obediencia ante la opinión pública del país y dejado su credibilidad en tela de juicio. Curiosamente, las críticas más feroces venían de gobiernos con leyes similares e incluso más restrictivas que la nicaragüense, como es el caso de la norteamericana.

A esta primera detención relevante hay que sumar las de Arturo Cruz, ex embajador del Gobierno sandinista en Washington; Juan Sebastián Chamorro, exviceministro de Hacienda, y Félix Maradiaga. Los cuatro son tratados en la prensa internacional como «precandidatos presidenciales», cuando esa figura no existe en el ordenamiento jurídico del país. Ninguno tiene proyecciones electorales cercanas ni al 10% de la intención de voto, por lo que el grado de inquietud que estos «precandidatos» pueden causar al sandinismo en las elecciones de noviembre es prácticamente nulo. Y eso es algo que todos saben de sobra. No son rivales de Ortega, ni de lejos, con una intención de voto de alrededor del 60%.

Su papel es otro. Intentan dar alas a sus jefes estadounidenses y europeos para que aumenten la presión sobre el gobierno sandinista, justificando las sanciones internacionales que lastran la calidad de vida de sus conciudadanos y animando a su profundización y agravamiento, un delito de traición penado por las leyes de Nicaragua. No son acusaciones falsas ni baladíes. No sólo porque sus detenciones ya han provocado la imposición de más medidas unilaterales coercitivas por parte de Washington, sino porque públicamente las han pedido en más de una ocasión, tal y como puede comprobarse consultando las hemerotecas digitales o en el vídeo que adjuntamos.

Es más que probable que detrás de todo este entramado se oculte una nueva escalada como la iniciada en abril de 2018, coordinada desde Washington, destinada a hacer caer al gobierno sandinista tras la celebración de las elecciones de noviembre en una operación parecida —salvando las distancias— a la sufrida por Evo Morales en Bolivia en 2019. Son conscientes de que la voluntad del pueblo nicaragüense y la adhesión con los valores de su revolución patria son inquebrantables y que la expresión democrática será coherente con ellos. La fortaleza del sandinismo es el miedo y la desesperación de Estados Unidos.

Juanlu González

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