Jesús Gellida, politólogo y escritor

El ejecutivo de Rajoy reivindica, a través del delegado del gobierno español en Cataluña, una supuesta normalidad gracias a la aplicación del 155 que, obviamente, no existe. Desde la plataforma de trabajadores públicos ServidorsCAT se recoge un inventario de daños, se denuncia que los efectos de la intervención son cada vez más profundos, y se hace énfasis en las dificultades que tendrá un nuevo Gobierno catalán para revertir la hipoteca del 155. Una parálisis de las políticas públicas de la Generalitat que, cada vez, afecta a más departamentos y que, según ServidorsCat son la prueba de que “no nos podemos permitir unas nuevas elecciones”. Unas elecciones que alargarían la intervención y, en consecuencia, las dificultades para el aparato administrativo de la Generalitat.

El incremento de la burocracia y la suspensión o el retraso de partidas y proyectos comprometidos por el Gobierno son algunos de los efectos de la intervención estatal a las consejerías catalanas. En este sentido, todas las decisiones tienen que ser autorizadas por Madrid, por lo tanto, todo se retrasa. Una aplicación del 155 que ha dejado a los servicios jurídicos de la Generalitat sin autonomía para recorrer a los tribunales contra el Estado, con el caso más fragante de las obras de Sijena. Por otro lado, la intervención también ha supuesto el control de los mossos , una parálisis del programa de actuaciones en fosas de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, un bloqueo de inversiones en sanidad, innovación y emprendeduría o unas afectaciones en las políticas de asuntos sociales, entre otras consecuencias.

Un ejemplo más del alcance del 155, al cual hay que hacer referencia, es el del Diplocat. Al respecto, los ex-trabajadores denuncian que la liquidación de la entidad es “injusta y arbitraria” ya que afirman, en un comunicado hecho público a mediados del pasado abril, que “el artículo 155 no habilita al Estado a disolver organismos autonómicos, porque las medidas tienen que ser temporales y no definitivas”, y piden al nuevo gobierno que se forme en Cataluña “que vuelva a crear el Diplocat o una entidad similar”. Otro ejemplo perverso es el de la situación sufrida por el tercer sector, uno de los más afectados por el 155. En este sentido, la Mesa del Tercer Sector Social, que agrupa más de 3.000 entidades, denunciaba que la intervención económica del Estado abocaba al abismo al sector. Retrasos en los pagos a las entidades supusieron un riesgo inherente de cerrar programas. No obstante, la denuncia hizo que el Gobierno español desbloqueara, a mediados de noviembre, 10’3 millones de euros imprescindibles para el funcionamiento de los programas de unas entidades sociales, y sin ánimo de lucro, que llegan allá donde no lo hace la administración. Un respiro, no exento de riesgo de convertirse en ahogo si el 155 se prolonga en el tiempo. Una situación que hace aflorar, una vez más, la precariedad de un sector social fundamental que requiere de un sistema de relación más estructural.

El 155 será una mochila para el nuevo Gobierno –si es que lo hay–; un lastre que puede ser más profundo y que tiene a la radio-televisión pública y al modelo de escuela catalana en el punto de mira. El esperado levantamiento del 155, si se forma un gobierno efectivo, no será suficiente para que Cataluña deje de estar bajo libertad vigilada, no obstante, y con todas las contradicciones, formar Gobierno es una condición necesaria para empezar a revertir los efectos del 155, para recuperar las instituciones de autogobierno y evitar males mayores, y para acumular fuerzas en el arduo camino hacia la República Catalana.

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