En 2023, la Iglesia católica en España recibió 382,4 millones de euros gracias a la famosa casilla del IRPF, un incremento del 55% respecto a los 246,9 millones de 2013. Este auge en los ingresos contrasta con un declive sostenido en la práctica religiosa, donde sacramentos como bodas, bautizos y comuniones han caído un 37,4% en la última década, según datos de la propia Conferencia Episcopal Española (CEE).
Marcar la casilla de la Iglesia no supone un pago extra, pero detrae recursos de servicios esenciales como la sanidad y la educación. Esta partida se financia con dinero público procedente de todos los contribuyentes, independientemente de sus creencias. Según Europa Laica, este sistema es “injusto y opaco”, ya que beneficia a una corporación privada que incumple reiteradamente su compromiso de autofinanciarse, establecido en los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1976-1979.
La mayor parte de los fondos, un 83%, se destina al sostenimiento de las diócesis, mientras que el resto cubre gastos como las pensiones del clero (27 millones de euros) o los salarios de los obispos (2,4 millones). Sin embargo, no se encuentran datos sobre partidas polémicas como los seis millones destinados en 2021 al canal de televisión Trece, cuyo sistema de financiación fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas por su posible ilegalidad. El superávit, que en años anteriores aparecía en los informes, también ha desaparecido sin justificación.
Mientras las arcas de la Iglesia se llenan, la fe se vacía. La Encuesta de Tendencias Sociales del CIS, publicada en noviembre de 2024, revela que solo el 52,6% de las y los españoles se declaran católicos, frente al 72,4% de 2013. Este cambio no solo afecta a la teoría, sino también a la práctica. El número de personas que marcan la casilla de la Iglesia ha descendido del 34,8% al 30,4% en la última década, y los sacramentos han caído en picado.
La secularización también se observa en las cifras de quienes enseñan y practican la fe. En los últimos diez años, el número de sacerdotes ha disminuido un 20,2% y el de catequistas un 24%. Incluso la matrícula en la asignatura de Religión ha caído un 17,4%, una señal inequívoca de que las nuevas generaciones se distancian de las enseñanzas tradicionales.
Estos datos evidencian un desfase entre el apoyo financiero que recibe la institución y la realidad social de un país cada vez más laico. Pero la Iglesia no solo se mantiene, sino que prospera económicamente gracias a un sistema que Europa Laica tilda de “privilegio anacrónico”. En un Estado que se define como aconfesional, los recursos públicos deberían servir al interés colectivo, no al sostenimiento de una organización cuya relevancia disminuye cada día.
El dinero público tiene un destino, y no debería ser el lucro de quienes se alejan de la sociedad.
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