En nuestro país se hacen 2,36 millones de horas extra a la semana no pagadas ni compensadas con tiempo de descanso y la mitad de los ocupados asegura trabajar más de 40 horas, la obligatoriedad de llevar un registro diario de jornada laboral de todos y cada uno de los empleados supone una sacudida para la organización del trabajo.

En mayo del año pasado entraba en vigor la obligación de contabilizar el tiempo que dedican a trabajar los empleados, controlando las entradas y salidas de los trabajadores, tanto presencialmente como mediante el teletrabajo. Hasta este cambió en la legislación laboral, solo tenían que aplicarlo las empresas con trabajadores a tiempo parcial y aquellas que hacían horas extra.

La Inspección de Trabajo, según palabras del Gobierno, actuará “con mesura” y se dará “un margen”, al tiempo que reclama a los empresarios comportarse “con seriedad”, pero “sin agobios”.

Las empresas que incumplan la obligación de contabilizar correctamente la jornada diaria de sus trabajadores se enfrentan a multas de entre 626 y 6.250 euros. Recae sobre el empresario, según establece la ley y el sentido común, la responsabilidad de llevar un registro diario, guardar los datos durante cuatro años y ponerlos a disposición de la plantilla, el comité de empresa e Inspección de Trabajo, así como la de elegir el método concreto a implantar.

Para la Inspección de Trabajo, esta norma proporciona armas más efectivas en una parte fundamental de su labor de control. En el 2018, 35 de cada 100 denuncias que recibieron por incumplimientos empresariales tenían que ver con el tiempo de trabajo. En juego está la lucha contra el abuso hacia los asalariados que trabajan más allá de la jornada por la que están contratados, sin cobrar esas horas o cobrándolas en negro, lo que supone un fraude para la Seguridad Social, Hacienda y la pérdida de derechos sobre desempleo, jubilación y por salud laboral.