El Pleno del Congreso de los Diputados se prepara para discutir un conjunto de medidas cruciales destinadas a contrarrestar la creciente inflación. Entre estas medidas se incluyen ayudas destinadas al sector energético y al transporte. Sin embargo, existe la posibilidad de que estas iniciativas sean rechazadas si JxCAT mantiene su intención de oponerse a ellas.
El primer Pleno del año, programado para el miércoles, tiene en su agenda la validación de tres decretos ley de carácter económico aprobados por el Gobierno durante la etapa final del año. Estos decretos, que abordan un paquete antinflacionario, reformas al subsidio de desempleo y modificaciones pendientes para el uso de fondos europeos, ya se encuentran en vigor, pero podrían perder su efecto si no obtienen la aprobación de la Cámara Baja.
Para obtener dicha aprobación, se requeriría o bien la ratificación de la mayoría de la investidura, una opción difícil luego de que JxCAT anunciara su intención de rechazar los tres decretos, al considerar que el decreto de reformas plantea riesgos para la amnistía. Otra opción sería asegurar el respaldo del Partido Popular (PP), aunque esta formación aún no ha fijado una posición definitiva sobre los dos decretos restantes y ha descartado apoyar el paquete de medidas en su estado actual.
El octavo paquete de medidas para enfrentar las consecuencias derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, valuado en 5.350 millones de euros, está incluido en uno de estos decretos. Este incluye la gratuidad del transporte en trenes de cercanías y de media distancia durante todo el año 2024, además de una contribución estatal del 30 % en la tarifa de los billetes de transporte urbano e interurbano.
Asimismo, el decreto contempla la progresiva normalización de los impuestos energéticos, con una reducción del IVA del gas al 10 % en el primer trimestre, volviendo luego al 21 % habitual, mientras que el IVA de la electricidad permanecerá en un 10 % durante todo el año. Los impuestos especiales sobre la electricidad y la generación eléctrica también recuperarán progresivamente sus tasas habituales.
Además, se mantendrá en un 0 % el IVA para los alimentos básicos y en un 5 % para pastas y aceites. También se extenderán durante un año los impuestos temporales sobre las grandes fortunas y las entidades financieras y energéticas, con deducciones por inversiones en descarbonización.
El paquete de medidas incluye incrementos del 3,8 % en las pensiones contributivas, la eliminación de comisiones por retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años, la elevación del umbral para acceder a medidas de alivio hipotecario y la extensión de la prohibición de desahucios para hogares vulnerables.
Otro de los decretos en discusión esta semana aborda la reforma del subsidio de desempleo, elevándolo de 480 a 570 euros durante los primeros seis meses y a 540 euros en los seis siguientes. Además, se hace compatible con el trabajo durante los primeros 180 días y se extiende a colectivos que hasta ahora no se beneficiaban, como menores de 45 años sin cargas familiares, trabajadores eventuales del sector agrario y personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla.
Este decreto también modifica el Estatuto de los Trabajadores, permitiendo que todos los empleados disfruten acumuladamente del permiso de lactancia, una posibilidad que hasta ahora solo existía para aquellos cuyo convenio lo estipulaba. Además, se introduce la prevalencia del convenio autonómico, siempre y cuando sus condiciones sean más favorables.
El tercer decreto retoma el contenido de la ley de función pública, que quedó pendiente con la convocatoria de elecciones, junto con otras medidas vinculadas al cuarto desembolso de los fondos europeos. En lo referente a la función pública, el texto aborda la evaluación de desempeño de los empleados públicos, la implementación de la carrera profesional horizontal, la regulación de los directivos públicos y la transformación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en una agencia.
