La Justicia Especial para la Paz (JEP) aceptó este martes el sometimiento del excongresista David Char Navas, investigado por presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y quien se constituye en el primer agente civil del Estado en ingresar a ese alto tribunal.
«Char Navas se comprometió a identificar a otros miembros del Congreso de la República, de quienes no tenga noticia la justicia ordinaria, que apoyaron el proyecto político y armado paramilitar entre 2002 y 2010», indicó la JEP en un comunicado.
Asimismo, agregó, «el excongresista se comprometió a contribuir a la verdad sobre la participación concreta que tuvo, así como otros agentes del Estado y empresarios, para la financiación y expansión del proyecto de la AUC».
Char es procesado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado por su presunta relación con grupos paramilitares y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares, por lo que actualmente se encuentra en detención preventiva.
A través de un auto del 21 de agosto de 2018, la Sección de Apelación de la JEP endureció los requisitos que deben cumplir los agentes del Estado diferentes a la fuerza pública y los terceros para ingresar a ese tribunal y sentó jurisprudencia sobre otras condiciones.
En ese sentido, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en cumplimiento de lo ordenado por la Sección de Apelación, reasumió el estudio del caso de Char y ordenó la firma del acta de sometimiento, como uno de los requisitos para definir su ingreso a la JEP.
Como parte del proceso de sometimiento a la justicia Char presentó un plan de reparación a las víctimas que incluye, entre otros aspectos, la destinación de recursos para la compra de terrenos, la construcción de un centro educativo, la petición de perdón por los hechos y no postularse a cargos públicos.
La JEP se puso en funcionamiento en marzo del año pasado y es la columna vertebral del acuerdo de paz que el Gobierno y las FARC firmaron en 2016.
Esta jurisdicción transitoria trata los crímenes cometidos por exguerrilleros, agentes de la fuerza pública y civiles en el marco del conflicto armado con una visión de la justicia restaurativa para que los victimarios cuenten la verdad, mientras que expedirá sanciones ordinarias para los que no colaboren con la Justicia.
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