En 2015, en Portugal, en plena resaca de la crisis económica y de una austeridad violenta impuesta por la Unión Europea, y después de que el Partido Social Demócrata (PSD), mediante una coalición de centroderecha con el CDS-PP, de Pedro Passos Coelho liderara el Gobierno portugués durante cuatro años, las elecciones legislativas dictaron un resultado que volvió a dar la mayoría a los partidos de dicha coalición.
Pero hubo una pequeña diferencia. Al contrario de lo sucedido en 2011, el resultado de la coalición no era suficiente para alcanzar la mayoría absoluta. El PS de António Costa, a pesar de haber salido derrotado en la noche electoral, reforzaba su grupo parlamentario y observaba el aumento del número de diputados del BE y del PCP, ambos partidos de izquierda.
Aunque con posibilidades de coalición, eran conscientes de la dificultad de llegar a un acuerdo. Aún así, los socialistas de Costa giraron hacia la izquierda en busca de una solución de gobierno que, hasta entonces, era considerada por todos como impensable dado el poco entendimiento de los partidos de izquierda de Portugal.
En principio, la coalición de centroderecha intentó gobernar solo con una mayoría relativa, pero muy pronto se vio que terminaría cayendo y, poco más de un mes después de las elecciones legislativas, una moción de rechazo al programa de gobierno presentada por el PS dictaba la salida de Pedro Passos Coelho.
Por medio de unas “posiciones conjuntas”, aunque firmadas de forma independiente entre el PS, el PCP, el BE y el PEV, los cuatro partidos se comprometieron a sacar adelante el mismo día de la destitución del Primer Ministro una “solución duradera con vistas a la actual legislatura”, con la garantía de que no votarían contra el programa de gobierno socialista y de que rechazarían cualquier moción de censura presentada por la derecha.
El país se encontró de repente con una solución constituida por acuerdos a nivel parlamentario. Comenzaba aquí la “jerigonza”, un recurso sobre el cual recaían muchas dudas, y que, según muchos de los analistas políticos, podría estar condenada al fracaso en poco tiempo. Nada más lejos de la realidad.
Entre los cuatro proyectos políticos fue posible encontrar un terreno común y una “convergencia” de posiciones. Incluso con puntos de vista disonantes sobre temas como la renegociación de la deuda pública o la participación de Portugal en estructuras como la Unión Europea y la Alianza Atlántica, en el centro de los acuerdos entre los socialistas y los partidos a su izquierda acabaron imponiéndose y asentándose ideas generales. Las diferencias ideológicas no desaparecerían, sino que serían desvalorizadas frente a un objetivo mayor, el de crear una alternativa estable en la izquierda.
Para respetar, el gobierno del PS alteraba propuestas, por ejemplo, en el ámbito laboral, a aumentar el salario mínimo nacional a lo largo de la legislatura o a aplicar medidas de lucha contra la precariedad. Una buena parte de la decisión sobre las propuestas concretas sería también diseñada en el Parlamento y en los gabinetes ministeriales, con una serie de grupos de trabajo compuestos por miembros de los mencionados partidos y por responsables del Ejecutivo socialista.
Haciendo un balance de los cuatro años de gobierno, todos los partidos subrayan las diferencias, pero, sobre todo, los méritos de la solución de gobernabilidad concebida en 2015, con la cual ha sido posible alcanzar lo impensable: un gobierno estable a lo largo de la legislatura.
Ahora, se cita mucho la posibilidad de que España tenga un gobierno socialista en solitario apoyado por Podemos a semejanza del Gobierno portugués, que en los últimos cuatro años de administración socialista tuvo el apoyo del Partido Comunista Português (PCP), del Bloco de Esquerda (BE) y del Partido Ecologista Os Verdes (PEV).
Todo parece indicar que Pedro Sánchez esperará a después del 26M para tomar la decisión. La posibilidad de un pacto a la portuguesa está sobre la mesa.
