El organismo de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados antidrogas se mostró hoy preocupado por la ley de Bolivia que amplió en 2017 la superficie de los cultivos legales de hoja de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) «reitera su preocupación» en su informe anual, difundido en Viena, ante el hecho de que La Paz «haya decidido prácticamente duplicar la superficie permitida de cultivo de hoja de coca»
La hoja de coca tiene en Bolivia usos tradicionales, culturales y medicinales reconocidos en la Constitución desde 2009, pero una parte de los cultivos es desviada al narcotráfico para fabricar cocaína.
El informe recuerda que la superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca en el país andino aumentó de 23.100 hectáreas en 2016 a 24.500 en 2017, un incremento de 1.400 hectáreas, es decir, del 6 %.
La JIFE señala que La Paz le informó de que en 2018 habría «una superficie de cultivo de arbusto de coca de 17.160 hectáreas destinada al consumo (lícito), conforme a lo dispuesto en la reserva formulada con respecto a la Convención de 1961».
El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó en 2017 la nueva Ley General de la Coca, que subió la superficie de cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas.
Bolivia se retiró en 2012 brevemente de la Convención contra las drogas de 1961 y volvió a adherirse en 2013, estableciendo una reserva sobre el masticado y al uso tradicional de las hojas de coca en su territorio.
Esa convención establece que la coca puede transformarse en cocaína y por eso mantiene vetada su exportación, pero Naciones Unidas aceptó que se respete la tradición de masticar las hojas de la planta en Bolivia.
Las autoridades bolivianas indican que el aumento de la extensión del cultivo legal con la nueva ley sólo busca actualizar las necesidades del mercado, ya que el anterior límite de 12.000 hectáreas estaba basado en un estudio de 1978.
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