Un grupo de asociaciones ambientales de la Costa da Morte se unen a la asociación de Touro Aldea Viva, que este fin de semana denunció que la Administración no puede ser “juez y parte” al colaborar con la organización de la jornada “Novedades de la Ley 5/2017. Garantías para la rehabilitación de espacios mineros”, organizada este martes en Santiago de Compostela en el Hotel Palacio del Carmen, pues la entidad organizadora “apoya sin ningún género de duda el proyecto de Cobre San Rafael en los ayuntamientos de Touro y O Pino”, iniciativa industrial que todavía se encuentra en fase de tramitación y ha generado una enorme polémica a nivel político y social.
En la misma línea Petón do Lobo, Salvemos Cabana, Cova Crea y Ouriol do Anllóns rechazan que el Gobierno gallego colabore en el evento y aproveche “para intentar promocionar una ley rechazada por la ciudadanía”, y que se incida además en la temática de las “garantías de la rehabilitación de espacios mineros” al ser Galicia “una de las zonas con mayores desastres ambientales provocados por el sector extractivo tal como se puede observar en la cumbre del Monte Neme, en el entorno de la antigua mina de Touro o en la zona pizarrera de la Comarca de Valdeorras, lugares donde la propia Administración ha incumplido de manera reiterada la normativa comunitaria sobre el deber de los Estados de restaurar los terrenos de las antiguas explotaciones mineras”.
PARA LAS ENTIDADES, LA LEY 5/2017, DE FOMENTO DE IMPLANTACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES NO ES LA SOLUCIÓN, ES EL PROBLEMA
Por otra parte, las entidades de defensa ambiental recuerdan que la Ley 5/2017″ supone una serie de facilidades nunca vistas para la imposición de proyectos extractivos por todo el territorio gallego, pues se agilizan las tramitaciones tanto para la implantación de las actividades mineras como para su cese y desafección del suelo ocupado, se acortan y simplifican los períodos de información pública y se refuerza la expropiación forzosa con la utilización torticera a favor de las empresas del concepto de utilidad pública”, dado que estas “podrán incorporar a la tramitación de sus proyectos la declaración de la necesidad de ocupación de los bienes o derechos que sean indispensables para la puesta en marcha de sus iniciativas, que con carácter privado pasan a tener a efectos administrativos un mayor valor que los intereses de la ciudadanía”.
Alertan además de que “se simplifica la convocatoria de concursos mineros, para agilizar la liberación de los terrenos afectados por derechos mineros caducados”. Además, “la declaración de caducidad de un derecho minero comportará la declaración del franco y la inmediata puesta a diposición de las empresas interesadas, lo que en la práctica puede (y quiere) convertir todo el territorio gallego en una mina a gran escala“, tal y como la Xunta intentó vender en estos últimos años con su fracasada campaña “Galicia es una mina”.
