Por Javier Cortines
El juez Pablo Llarena ratificó hoy la condena de prisión para el expresident Oriol Junqueras, el ex consejero del Interior Joaquim Forn y los dos Jordis (líderes de la ANC y Omnium) lo que pone de manifiesto la judialización de la política española y la falta de madurez de nuestra democracia.
Poco después de conocerse el dictamen de Llarena, que dejó en libertad condicional bajo fianza de 100.000 euros a seis exconsellers, el juez belga que instruye el caso de Puigdemont y los cuatro miembros del Govern que le acompañan en “el exilio belga”, pospuso hasta el 14 de diciembre su decisión sobre si acepta o rechaza la orden de extradición emitida por la jueza Carme Lamela el pasado 3 de noviembre.
La defensa de Puigdemont y de los ex consellers Antoni Comín, Clara Ponsati, Lluís Puig y Merixell Serret, alegó durante la vista del juicio de esta mañana -que se prolongó durante casi cuatro horas- que sus clientes no tienen “garantías de un juicio justo” en España donde, remachó, son cuestionables los Derechos Humanos.
Todos los implicados en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del pasado 27 de octubre fueron encarcelados por sus actividades políticas (legales en Cataluña e ilegales en el resto del territorio español) por lo que el conflicto entre ambas partes debió tener una solución política (en el peor de los casos sanciones políticas). Dejar el caso “en manos de los jueces” podría interpretarse como el resultado de un “grave déficit” democrático.
El hecho de que Pablo Llarena haya convertido a Oriol Junqueras en un “Nelson Mandela” a la catalana y a Joaquím Forn y a los Jordis en “víctimas políticas”, podría dar un vuelco a los resultados previstos en la consulta electoral del 21-D, y, en contra de lo que dicen las encuestas, favorecer el voto de los independentistas.
Oriol Junqueras, que parece decidido a no tirar la toalla, (esta medianoche arranca la campaña electoral) sin duda influirá desde la cárcel, mucho más que estando en libertad, en lo que Puigdemont ha llamado “la segunda vuelta” del referendo independentista.
Se espera que a partir de hoy se sucedan en Cataluña manifestaciones «anti-españolas» pidiendo la libertad de los encarcelados, sin cuya presencia “la consulta impuesta por Rajoy» estará coja y se daría motivos a los independentistas para calificarla de «farsa».
Tras conocerse el veredicto de este lunes, Joan Tarda (ERC) declaró que “se trata de una venganza política contra Cataluña”. En términos parecidos se expresó Marta Rovira, secretaria general de ERC, quien enfatizó que los represaliados «están pagando el precio político del éxito» del referendo independentista, celebrado el 1-0.
La defensa de los cuatro encarcelados recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo para intentar que “los presos políticos” queden en libertad antes de la cita electoral.
Y vuelve a cantar Quiquiriquí el Noble Gallo Beneventano para pedir que lo político y judicial no entren continuamente en colisión en nuestro país y que “los médicos” den vitaminas a la raquítica democracia que heredamos de los “Tiempos de Guerra”.
