La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum del 1-O, ha pedido a Junts pel Sí (JxSí), coalición que integraban CDC, ERC e independientes, la auditoría de las cuentas del ejercicio 2017 y las subvenciones recibidas por el grupo.

Dos agentes de la Guardia Civil se personaron este miércoles en el Parlament para presentar un escrito en el registro de la cámara catalana solicitando información sobre los gastos del grupo JxSí de la anterior legislatura relacionados con los preparativos del 1-O.

En su escrito, la juez Alejandra Gil da un plazo de cinco días al Parlament para que aporte una factura de 17.690 euros correspondiente a la organización del evento que se celebró en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el 4 de julio de 2017, cuando el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, presentó los detalles de la ley para dar cobertura al referéndum que el Govern planeaba celebrar el 1 de octubre de ese año.

En una providencia judicial, a la que ha tenido acceso Efe, la magistrada pide también al Parlament que entregue la auditoría y rendición de cuentas que se realizó con relación al ejercicio 2017 por la subvención recibida por el grupo parlamentario Junts pel Sí.

Y es que la Guardia Civil sospecha que JxSí pudo pagar con las subvenciones públicas que recibía este acto en el Teatre Nacional de Catalunya.

Así lo sostiene la Guardia Civil en un informe que remitió el pasado año al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y en el que cifra en un total de 1,9 millones los fondos públicos que el Govern destinó supuestamente a la organización del referendo ilegal de independencia.

Sin embargo, fuentes de Junts per Catalunya (JxCat) aseguraron este miércoles que en el Parlament no hay ninguna factura de ese acto, ya que fue un evento a cargo de Junts pel Sí.

Además, recordaron que la Guardia Civil ya tiene la factura ya que los agentes la encontraron en el registro que hicieron en julio de 2017 en el mismo teatro.

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