La jueza de Ceuta que hace un mes procesó a 16 agentes de la Guardia Civil ha aceptado el recurso de la Fiscalía, que pidió archivar el caso, y ha acordado el archivo de la causa contra 16 guardias civiles a los que el 24 de septiembre decidió procesar por delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio en su actuación en la frontera del Tarajal el 6 de febrero de 2014.

El 6 de febrero de 2014, unos 200 inmigrantes intentaban llegar a nado a Ceuta desde Marruecos. La Guardia Civil trató de evitarlo y 15 de los inmigrantes fallecieron. Las ONG denuncian que la Guardia Civil descargó sobre ellos pelotas de goma y botes de humo cuando nadaban precariamente hacia España. Los 23 que lograron arribar fueron devueltos inmediatamente a Marruecos. En su día, el PP defendió la actuación y fue duramente criticado por la oposición.

El caso no llegará a juicio, «exclusivamente por aplicación de la doctrina Botín», es decir, porque Fiscalía no ve delito y no hay acusación particular. La magistrada decreta el sobreseimiento provisional respecto a la totalidad de los investigados por los mencionados delitos y mantiene el archivo provisional y libre que ya dictó inicialmente sobre los de lesiones y prevaricación administrativa de los que también se les venía acusando.

«Estamos en presencia de indicios de delito de homicidio imprudente y de indicios de delito de denegación de auxilio, los cuales no protegen bienes jurídicos difusos, colectivos o meta-individuales, no habiéndose personado acusación particular hasta la fecha, por lo que no siendo posible en este caso abrir juicio oral», razona.

«Pese a los indicios de criminalidad» procede atender «en lo sustancial» el recurso de reforma del Ministerio Público «por motivos diferentes de los esgrimidos, pero en todo caso de obligado cumplimiento por cuanto las restantes defensas han interesado el sobreseimiento de la causa y las acusaciones populares han mostrado su voluntad de presentar acusación todas ellas», señala el auto.

Dado que «en este momento procesal no hay acusación particular» y aunque las familias de varios de los al menos catorce fallecidos la madrugada de autos han pedido personarse en las diligencias, la jueza asume que «la legitimación de la acusación popular para impetrar válidamente la apertura de juicio oral se ve restringida por la llamada doctrina Botín».